Advertencias ignoradas: Uribe Turbay alertó sobre riesgos antes del ataque mortal
El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay ha revelado detalles alarmantes sobre fallas en los sistemas de protección del Estado. Documentos obtenidos por la revista Semana demuestran que el dirigente político solicitó formalmente el refuerzo de su esquema de seguridad varios meses antes del atentado que acabó con su vida, una petición que nunca fue atendida por las autoridades competentes.
Reunión crucial con la Policía
El 30 de abril de 2024, Uribe Turbay mantuvo una reunión en Bogotá con un subintendente de la Policía adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro). En ese encuentro, el entonces precandidato presidencial del Centro Democrático expuso detalladamente los factores que, según su evaluación, elevaban significativamente su nivel de riesgo personal y familiar.
Entre los elementos mencionados se encontraban:
- Amenazas directas en su contra por parte de grupos armados
- Su condición de hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada por orden de Pablo Escobar
- Su papel como senador de la oposición en un contexto político polarizado
- Su postura crítica frente a la política de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro
Grupos señalados como amenazas
Durante la diligencia, Uribe Turbay identificó específicamente a cuatro organizaciones como posibles responsables de un atentado en su contra: las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y el M-19. El documento de recolección de información para el estudio de nivel de riesgo registró textualmente que el senador "ha realizado fuertes pronunciamientos frente a temas de relevancia para nuestro país; la ley de paz total, acuerdos de paz con las Farc, ELN y demás grupos armados ilegales".
Solicitudes concretas de protección
La petición formal del entonces senador contemplaba cuatro medidas específicas:
- Ampliación de su esquema de protección personal
- Extensión de las medidas de seguridad a su familia inmediata
- Refuerzo de la seguridad en su vivienda permanente
- Garantía de acompañamiento en todos sus desplazamientos fuera de Bogotá
Uribe Turbay argumentó que su anuncio de precandidatura presidencial implicaría "desplazamientos constantes por distintas regiones del país", situación que lo colocaba en "inminente riesgo" cuando salía de la capital sin protección adecuada.
Respuesta de la Unidad Nacional de Protección
Consultado por Semana sobre el caso, el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez, ofreció una explicación institucional que ha generado controversia. Rodríguez afirmó que "la evaluación del riesgo corresponde a la Policía" y no a la UNP, deslindando responsabilidades entre ambas entidades.
"Quiero que quede claro que es una diligencia de entrevista a una evaluación de riesgo. La Policía es la que evalúa el nivel de riesgo y recomienda las medidas de protección", declaró el funcionario.
Cuestionamientos al manejo de la protección
Rodríguez también señaló que el senador habría cometido "errores gravísimos, mortales, en el tema del manejo de su esquema de protección", específicamente al dividir su equipo de seguridad en momentos críticos. Sin embargo, esta afirmación contrasta con las advertencias documentadas meses antes del atentado.
Sobre el esquema asignado, el director de la UNP sostuvo que correspondía al nivel de riesgo determinado por los protocolos establecidos: "Con riesgo extraordinario se les da vehículo blindado y demás; es más o menos eso. Él no tuvo el riesgo máximo, eso lo determina la Policía".
Contexto del atentado
El magnicidio se coordinó en la localidad de Engativá, Bogotá, pero investigaciones posteriores indican que habría sido ordenado por las disidencias de las FARC. La Fiscalía General de la Nación ha emitido órdenes de captura contra 'Iván Márquez' y otros seis cabecillas por su presunta responsabilidad en el crimen.
Este caso ha reabierto el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección a líderes políticos en Colombia, especialmente aquellos que enfrentan amenazas documentadas por su oposición a procesos de paz con grupos armados ilegales.
