El dilema de la seguridad privada: entre costos crecientes y espacios para la delincuencia
El inicio de cada año repite una escena familiar en las asambleas de copropietarios: las cuentas sobre la mesa y el debate inevitable sobre si mantener la vigilancia privada o automatizar la seguridad de la propiedad horizontal. "Es más económico", argumenta algún vecino. La discusión puede durar horas y parecer resuelta en ese momento, pero la seguridad no es una decisión trivial comparable a cambiar la pintura del edificio o colocar plantas en la entrada.
Lo que realmente preocupa: cuando la seguridad falla
Lo verdaderamente alarmante no es el costo del servicio en sí mismo, sino lo que sucede cuando un vecino es robado en la puerta del edificio, cuando persiguen a alguien hasta el parqueadero o cuando una puerta mal cerrada se convierte en una oportunidad perfecta para el delito. Estas situaciones reales demuestran que la seguridad es un asunto crítico que va más allá de las cifras en un balance mensual.
Aun así, garantizar protección se ha vuelto progresivamente más costoso, y no por capricho de las copropiedades, sino debido a decisiones de política pública laboral que impactan directamente al sector de seguridad privada.
Los números que alarman: aumentos acumulados del 60%
El incremento del 23% proyectado para 2025 no es un hecho aislado. En 2023, el salario mínimo subió 16%, y en 2024 lo hizo 12%. En conjunto, estos aumentos representan un crecimiento acumulado cercano al 60% en apenas tres años. En un sector donde más del 80% de la estructura de costos corresponde al talento humano, resulta inevitable que estas alzas terminen trasladándose a las tarifas que pagan los usuarios finales.
Según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, este sector emplea a más de 370.000 personas en todo el país. No se trata de una cifra marginal, sino de uno de los mayores generadores de empleo formal en Colombia. Cada aumento de costos no solo impacta las cuotas de administración de propiedades; también ejerce presión sobre la sostenibilidad de miles de empleos formales.
Consecuencias visibles: caída del 15% en la demanda
Los gremios del sector ya han advertido sobre caídas cercanas al 15% en la demanda del servicio durante lo que va del año. ¿Qué significa esto en la práctica concreta? Se traduce en:
- Menos turnos de vigilancia
- Reducción de puestos de trabajo
- Disminución de horas laborales
- Precarización del empleo
- Aumento de la informalidad
El dilema que enfrentan las empresas y los usuarios es evidente: ¿contratamos menos personal?, ¿reducimos la cobertura de seguridad?, ¿buscamos esquemas más económicos pero sin garantías laborales adecuadas?
Cuando el mercado formal se encarece: transformaciones peligrosas
Cuando el servicio formal se vuelve demasiado costoso, el mercado no desaparece simplemente: se transforma de manera preocupante. Emergen esquemas alternativos sin prestaciones sociales adecuadas, sin capacitación profesional suficiente y sin supervisión efectiva, lo que debilita tanto el empleo formal como la seguridad de los ciudadanos.
La seguridad como sistema integral
La seguridad urbana funciona como un sistema complejo donde interactúan autoridades públicas, ciudadanía y sector privado. Cuando estos actores se coordinan adecuadamente, se reducen significativamente los espacios disponibles para la criminalidad. Pero cuando disminuye la cobertura de seguridad privada en zonas residenciales y comerciales, la ciudad pierde capacidades esenciales de control, vigilancia y reacción oportuna. Cada vigilante menos representa, efectivamente, una oportunidad más para la delincuencia.
Tecnología: complemento necesario pero insuficiente
Algunas voces proponen reemplazar guardas y vigilantes por soluciones tecnológicas: cámaras de seguridad, sensores avanzados, controles de acceso automatizados. La tecnología es sin duda indispensable en la seguridad moderna, pero no resulta suficiente por sí sola. Una cámara no reacciona ante una amenaza, no disuade por su mera presencia ni toma decisiones críticas frente a situaciones de peligro. Funciona como un complemento valioso, nunca como un sustituto completo. La seguridad efectiva combina inteligentemente tecnología avanzada, talento humano capacitado y rutas claras de gestión del riesgo.
El contexto bogotano: percepción de inseguridad y baja dotación policial
En ciudades como Bogotá, donde más del 60% de los ciudadanos se siente inseguro según diversas encuestas, trasladar discretamente los costos de decisiones económicas al ciudadano (a través de tarifas más altas) o al trabajador (mediante pérdida de empleo) resulta particularmente cuestionable. Esta preocupación se intensifica al considerar que Bogotá presenta la tasa de pie de fuerza más baja entre las principales ciudades del país: apenas 206 policías por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a Barranquilla (443) y Santa Marta (393).
La pregunta fundamental: evaluación integral de impactos
La cuestión de fondo no se limita a si queremos vigilancia privada o propiedades automatizadas. La interrogante esencial es si estamos evaluando de manera integral el impacto de las políticas laborales sobre sectores críticos para la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque cuando la seguridad se convierte en un lujo accesible solo para algunos, sus efectos negativos no se limitan a quienes contratan directamente el servicio: barrios enteros pierden una capa adicional de control y disuasión que aporta la vigilancia privada. Y los espacios que dejamos de vigilar son, inevitablemente, espacios que abrimos al crimen.
Laura Suárez es directora de Seguridad Urbana de ProBogotá Región.
