Violencia y zonas vedadas amenazan campañas electorales en 170 municipios de Colombia
El panorama electoral colombiano enfrenta una situación crítica a 22 días de las elecciones al Congreso y consultas interpartidistas. Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), existen 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores de violencia y fraude, lo que representa un incremento del 29,7 por ciento respecto a las elecciones nacionales de 2022.
Municipios en riesgo extremo se disparan
De los municipios identificados como vulnerables, 81 se encuentran en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. La cifra más alarmante corresponde al riesgo extremo, que pasó de 49 municipios en 2022 a 81 para el actual proceso electoral, registrando un crecimiento del 65,3 por ciento.
El departamento del Cauca lidera esta preocupante estadística con 19 municipios en riesgo extremo, entre los que se destacan Inzá y Totoró, donde recientemente fue secuestrada la senadora y líder social indígena Aida Quilcué junto con su esquema de seguridad. "Las zonas de la cordillera norte del Cauca, hasta la frontera con el sur del Valle del Cauca, son las más delicadas", advierte el informe de la MOE.
Antioquia y otras regiones críticas
Antioquia ocupa el segundo lugar con 18 municipios en riesgo extremo, concentrados principalmente en las subregiones del Nordeste, el Bajo Cauca y el Nudo de Paramillo. En esta zona, grupos armados como las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes mantienen una fuerte presencia, como lo demostró el ataque con explosivos que derribó un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi en agosto pasado, dejando 13 uniformados muertos.
Otras regiones afectadas incluyen:
- La cuenca media y baja del río Putumayo, donde operan los Comandos de Frontera
- Norte de Santander, específicamente El Tarra y Hacarí en el Catatumbo
- Departamentos como Meta, Caquetá y Guainía, que aunque tienen menos municipios en riesgo, abarcan amplias extensiones territoriales
Campañas bajo amenaza constante
La situación ha generado que numerosos candidatos enfrenten amenazas directas y restricciones para hacer campaña. La senadora Aida Quilcué fue secuestrada en Cauca, mientras que el equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos fue atacado en Arauca, resultando en dos muertos.
La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que la columna 'Dagoberto Ramos Ortiz' de las disidencias de las Farc le prohíbe el ingreso a varios municipios del Cauca. "En este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos y guerreristas", se lee en una valla exhibida en la región.
Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella recibió una llamada anónima advirtiendo sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN. "La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático ni silencia la defensa de la institucionalidad", respondió el aspirante presidencial.
Políticos imposibilitados de hacer campaña
La representante a la Cámara y candidata al Senado por Cambio Radical, Lina María Garrido, confesó que no puede hacer campaña en su departamento de Arauca debido a las amenazas del ELN y las disidencias de las Farc. "No puedo hacer campaña allá, llevo mucho sin poder viajar a mi departamento", aseguró.
Una situación similar vive el representante Julio César Triana, también de Cambio Radical, quien sobrevivió a un atentado en Huila en agosto del año anterior. "El control de vías hace que la actividad política se convierta cada vez más en una actividad de alto riesgo", expresó el legislador.
Preocupación internacional y desafíos democráticos
El panorama ha encendido alertas incluso en las Naciones Unidas, cuyo jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Miroslav Jenca, manifestó su preocupación por la seguridad en los territorios que eligen las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). "Lo que vi en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare y también en Medellín es que sí existe una preocupación por la seguridad", aseveró.
Esta crítica situación se presenta en medio del fortalecimiento de los grupos armados, que según informes de inteligencia cuentan actualmente con aproximadamente 25.000 hombres. El fortalecimiento de estas estructuras ilegales durante la política de 'paz total' del gobierno Petro representa un desafío monumental para las instituciones democráticas colombianas.
La combinación de territorios vedados, amenazas directas a candidatos y el control territorial por parte de grupos armados crea condiciones donde no existen garantías para elecciones libres, poniendo en riesgo fundamental el derecho de los ciudadanos a elegir sus representantes sin coerción ni presión.
