Líderes sociales del Cañón del Micay enviados a prisión por secuestro: tensión crece en comunidades
La tensión entre las comunidades campesinas del Cañón del Micay y las autoridades colombianas ha aumentado considerablemente tras la decisión judicial de enviar a prisión a dos reconocidos líderes sociales de la región. Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena, ampliamente identificados como representantes campesinos en zonas como el Cañón del Micay, fueron acusados formalmente de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, delitos que según la Fiscalía estarían agravados por su presunta vinculación con grupos armados ilegales.
Acusaciones de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Galvis Plaza y Giraldo Mena como presuntos responsables de tres secuestros de integrantes de la Fuerza Pública ocurridos entre marzo y septiembre de 2025 en los municipios de Argelia y El Tambo, al suroccidente del departamento del Cauca. Según el ente investigador, estos líderes campesinos se habrían articulado con la facción disidente de las Farc conocida como Carlos Patiño, con el propósito de movilizar y persuadir a civiles para que retuvieran ilegalmente a uniformados que cumplían actividades operacionales en la zona.
Los hechos específicos denunciados por la Fiscalía incluyen:
- Primer secuestro: Ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2025 en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos en uno de los polideportivos de la zona rural de Argelia.
- Segundo secuestro: Registrado en junio de 2025, dirigido contra 57 militares que fueron llevados a la fuerza desde la vereda La Hacienda al sector Fondas, en El Tambo.
- Tercer secuestro: Sucedió entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025 en el cerro El Tigre ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares fueron retenidos.
Roles atribuidos a los líderes
Durante las audiencias preliminares realizadas hace aproximadamente una semana, la Fiscalía señaló que Galvis Plaza y Giraldo Mena cumplieron roles de dirección, coordinación y negociación en estos eventos. Según la acusación, los procesados habrían dado instrucciones para mantener a los funcionarios en cautiverio y posteriormente sostenido diálogos con entidades estatales para que brindaran concesiones al grupo armado ilegal Carlos Patiño, con el fin de concretar las liberaciones de los uniformados.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó formalmente los delitos, pero los acusados no aceptaron los cargos. Frente a esta situación, un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que ha generado rechazo en las comunidades del Cañón del Micay.
Malestar en las comunidades campesinas
La decisión judicial no fue bien recibida por las comunidades del Cañón del Micay, quienes consideran infundados los señalamientos de la Fiscalía contra estos dos ciudadanos. En la región, Galvis Plaza y Giraldo Mena son vistos como representantes comunitarios en una de las zonas del Cauca históricamente abandonadas por el Estado colombiano.
Líderes campesinos de la zona, que prefirieron no revelar sus identidades por motivos de seguridad, expresaron su descontento señalando que "hasta el Gobierno de Gustavo Petro prometió inversión social para recuperar el territorio y alejarlo de la violencia, pero hicieron todo lo contrario, enviaron más militares, aumentando el conflicto en poblaciones como El Plateado". Agregaron que en esta región son varios los grupos armados ilegales que aún se disputan el control de lo que ahora se conoce como Cañón del Micay.
Contexto de violencia en la región
Es importante recordar que en uno de los casos mencionados, las comunidades campesinas de El Plateado incineraron una tanqueta militar luego de enfrentarse por varias horas contra efectivos de la Policía y del Ejército. Estos enfrentamientos ocurrieron mientras las fuerzas estatales buscaban avanzar hacia la parte interior del Cañón del Micay en medio de acciones ofensivas contra las disidencias de las Farc.
La Fiscalía deberá comprobar durante el proceso judicial si los dos líderes campesinos efectivamente lideraron esa asonada, así como los otros dos hechos relacionados con movilizaciones atribuidas a estos representantes durante las audiencias ante el juez de control de garantías.
Mientras tanto, la situación en el Cañón del Micay sigue siendo compleja, con comunidades que históricamente han vivido entre el abandono estatal y la presencia de grupos armados, y donde decisiones judiciales como esta pueden tener repercusiones significativas en la ya delicada relación entre pobladores y autoridades.
