Paseo millonario: casos aumentan 400% en Colombia pese a judicialización como secuestro
El fenómeno criminal conocido como paseo millonario ha encendido nuevamente las alarmas en Colombia, registrando un preocupante incremento del 400% en los casos reportados durante el último año. Esta modalidad delictiva, que desde 2025 se judicializa formalmente como secuestro extorsivo con penas que pueden alcanzar los 42 años de prisión, continúa expandiéndose en la capital del país y otras regiones, evidenciando las limitaciones de las medidas punitivas cuando persisten la impunidad y el subregistro.
Casos que estremecen a la sociedad colombiana
En la madrugada del domingo 22 de febrero, Diana Ospina tomó un taxi frente al bar Theatron en Chapinero para regresar a su vivienda. Lo que parecía un trayecto normal se convirtió en una pesadilla cuando dos hombres se subieron al asiento trasero del vehículo. La retuvieron durante horas, la obligaron a recorrer distintos puntos de Bogotá y a vaciar completamente sus cuentas bancarias. Tras casi dos días de angustiosa desaparición, fue encontrada con vida en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí.
No todas las víctimas han corrido con la misma suerte. Neil Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, desapareció la noche del 15 de enero de 2026 cuando salía de la Clínica del Country. Horas después de su desaparición, sus cuentas bancarias fueron vaciadas. Cuatro días más tarde, su cuerpo apareció incinerado en zona rural de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Su esposa, Denis Alfaro, hizo un llamado público durante su despedida: "Por favor, que no haya impunidad, que Neil Felipe no sea un número más".
Repunte alarmante en la capital colombiana
Ambos casos ocurrieron durante el presente año y forman parte de una tendencia ascendente que preocupa a las autoridades. Según los registros disponibles, en 2025 se reportaron 40 casos de paseo millonario en Bogotá, lo que representa un aumento del 400% frente a los ocho casos documentados en el año anterior. Las localidades más afectadas incluyen:
- Chapinero
- Kennedy
- Bosa
- Ciudad Bolívar
- Fontibón
Chapinero, en particular, concentra una alta densidad de bares y zonas de rumba, lo que la convierte en un escenario propicio para que los delincuentes encuentren el perfil de víctima que buscan: personas que salen de establecimientos nocturnos, muchas veces en estado de vulnerabilidad.
¿Quiénes están detrás de este delito?
Los autores del paseo millonario no responden a un único perfil criminal. Algunos actúan con escasa planeación, aprovechando oportunidades circunstanciales como un vehículo disponible y una víctima vulnerable. Sin embargo, también operan estructuras criminales con mayor nivel de organización, que cuentan con varios vehículos y roles definidos entre quienes conducen, intimidan a las víctimas y retiran el dinero de las cuentas bancarias.
Cambio en la tipificación penal: ¿solución efectiva?
A finales de 2025, las autoridades distritales anunciaron un cambio estructural en el tratamiento jurídico de este delito. El paseo millonario dejó de ser considerado como hurto agravado para judicializarse como secuestro extorsivo, figura penal que contempla penas de hasta 42 años de prisión. Según explica Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), la lógica detrás de este cambio era generar disuasión: "Se buscaba que los delincuentes vieran o asumieran un mayor riesgo al cometer esos delitos porque ya no era un hurto común y corriente".
Sin embargo, este enfoque no ha funcionado completamente según los expertos. En primer lugar, porque aumentar las penas no necesariamente incrementa el riesgo percibido por los delincuentes cuando persiste un alto nivel de impunidad. Además, existe una desarticulación en el registro de casos entre diferentes entidades: mientras la Policía de Bogotá reporta 38 casos en 2025, la Secretaría de Seguridad informa 40, evidenciando falta de coordinación en la recolección de datos.
El problema del subregistro y la desconfianza institucional
A la impunidad se suma el grave problema del subregistro de casos. No todas las víctimas denuncian estos hechos por diversas razones:
- Miedo a represalias por parte de los delincuentes
- Desconfianza en las autoridades y el sistema judicial
- Vergüenza social por haber sido víctima
- Percepción de que la denuncia no servirá para nada
La cifra real de casos es imposible de determinar con certeza, pero todos los actores del sistema coinciden en que es mucho más alta que la reportada oficialmente. Publicaciones en redes sociales de personas que relatan sus experiencias uno o dos años después de ocurridos los hechos dan cuenta de este subregistro. Un usuario identificado como Chris Ortiz compartió: "Me hicieron el paseo millonario y me cambió la vida. Pasó hace un año, pero no me sentía listo para contarlo en redes sociales".
Dos lecturas sobre el aumento de casos
Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de Bogotá, ofrece una perspectiva diferente sobre el aumento estadístico: "Antes del 2024-2025, la policía y la fiscalía estaban tipificando estos casos como hurto agravado. La Secretaría de Seguridad tomó la decisión de que esto no podía llamarse hurto agravado sino que tenía que tipificarse como secuestro. Y, por ese cambio, donde empiezan realmente a llamar las cosas por su nombre, es que se ve ese pico".
Estas dos lecturas no son necesariamente contradictorias. Puede ser cierto que parte del aumento refleje una contabilidad más honesta y precisa de los casos, y también puede ser cierto que el delito esté creciendo y volviéndose más violento. Lo que ninguna de las interpretaciones discute es el aspecto fundamental: el problema no radica en cómo se denomina el delito, sino en que quienes lo cometen siguen sin enfrentar consecuencias efectivas.
Mientras persista esta realidad, los 42 años de pena contemplados en la ley seguirán siendo, para los delincuentes, un riesgo teórico más que una consecuencia probable. Y para las víctimas, un consuelo jurídico que nunca se materializa en justicia tangible. La combinación de medidas punitivas más severas con estrategias integrales de prevención, investigación efectiva y protección a víctimas parece ser el camino necesario para enfrentar este flagelo que continúa afectando a los colombianos.
