Historia de secuestros se repite en carreteras del Cauca
En un preocupante paralelo que evidencia la persistente crisis de orden público en el departamento del Cauca, el hermano de la senadora Aida Quilcué fue secuestrado hace exactamente tres años en el mismo tramo vial donde la congresista habría sido interceptada recientemente.
El secuestro de 2023 que anticipó la actual situación
La noche del 27 de diciembre de 2023, la senadora Aida Quilcué Vivas, representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), denunció públicamente el secuestro de su hermano Léider Quilcué. El hecho ocurrió en la carretera que conecta los municipios de Inzá y Totoró, específicamente en el sector San José del kilómetro 15 de esta vía caucana.
Según el relato de la época, el familiar de la senadora fue retenido por hombres armados mientras se desplazaba en compañía del guardia Jaime Rivas. El secuestro se prolongó durante aproximadamente siete horas, hasta que hacia las 8:00 de la noche, ambos fueron rescatados por la guardia indígena de la región.
"Además, la camioneta del esquema de seguridad colectivo del resguardo Piçkwe Tha Fiw de placas KXQ 445 fue retenida con todos los elementos que en ella se encontraban", declaró en aquel momento la senadora Quilcué, evidenciando la gravedad del incidente.
El mismo escenario, tres años después
Lo más alarmante de esta situación es que, según informaciones recientes, la senadora Aida Quilcué habría sido interceptada en el exacto mismo tramo vial donde su hermano fue secuestrado en 2023. Esta coincidencia geográfica destaca los persistentes problemas de seguridad que afectan a esta región del país.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció contundentemente sobre los hechos reportados este 10 de febrero: "Hemos sido informados de la interceptación de la caravana donde iba la senadora caucana @aida_quilcue y su esquema de seguridad en la vía Inzá–Totoró (oriente del departamento)".
Respuesta institucional y llamado a la acción
Ante la gravedad de la situación, el mandatario departamental anunció la activación inmediata de todos los protocolos y mecanismos de articulación institucional correspondientes. "Rechazamos y condenamos este hecho; exigimos el respeto absoluto por la vida e integridad de la senadora y su equipo de trabajo, además, su retorno inmediato", afirmó Guzmán con firmeza.
El gobernador hizo además un llamado urgente a la comunidad para que aporte cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, subrayando que "la democracia no puede construirse ni ejercerse cuando se amenaza la vida y se pone en riesgo la voz de quienes representan a la ciudadanía".
Contexto de violencia persistente en la región
Esta situación se enmarca dentro del complejo panorama de orden público que vive el departamento del Cauca, caracterizado por:
- Secuestros recurrentes en vías principales
- Presencia de grupos armados ilegales
- Conflictos interétnicos aprovechados por estructuras criminales
- Economías ilícitas que financian la violencia
El presidente Gustavo Petro ya se había referido a esta problemática en 2023, señalando que la violencia en la región responde a un "intento de las organizaciones armadas por tomar el control de las comunidades y organizaciones populares". El mandatario nacional indicó en aquel momento que dichas estructuras se "aprovechan de la conflictividad interétnica y el poder de la economía ilícita".
Medidas anunciadas y desafíos pendientes
Tras la escalada de violencia registrada en 2023, el Gobierno Nacional anunció el aumento del pie de fuerza en la región y operaciones de inteligencia del más alto nivel. Sin embargo, la repetición de incidentes similares en el mismo lugar tres años después plantea serias dudas sobre la efectividad de estas medidas.
La situación de la senadora Quilcué y su familia ilustra de manera dramática cómo la violencia política y el secuestro continúan siendo herramientas utilizadas para silenciar voces disidentes y amenazar a representantes populares en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos observan con preocupación estos desarrollos, mientras las autoridades locales y nacionales enfrentan el desafío de garantizar la seguridad no solo de figuras públicas, sino de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras del Cauca.
