Colombia enfrenta crisis humanitaria con 400 confinamientos diarios según ONU
Un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) revela datos alarmantes sobre la situación de confinamiento forzado en Colombia. Entre enero de 2025 y febrero de 2026, 172.395 personas han sido obligadas a recluirse en sus territorios por grupos armados ilegales, lo que equivale a más de 400 personas afectadas cada día.
Transformación en las dinámicas del conflicto
La cifra muestra una transformación significativa en las dinámicas de movilidad forzada en el país. Mientras en los años más intensos del conflicto contra las extintas FARC predominaba el desplazamiento forzado como mecanismo de control territorial, actualmente los actores armados están forzando a las comunidades a permanecer bajo su yugo mediante el confinamiento.
Esta estrategia genera múltiples violaciones a los derechos humanos que incluyen:
- Restricciones severas al acceso a agua y alimentos
- Desescolarización de niños y jóvenes
- Vulneración de la autonomía de comunidades étnicas
- Aumento de riesgos de violencia basada en género
- Reclutamiento forzado de menores
Concentración de la crisis en el occidente colombiano
La emergencia humanitaria se concentra principalmente en cuatro departamentos del occidente del país. Solo en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca se han documentado más de 91.600 personas afectadas por restricciones de movilidad y confinamiento.
"La movilidad dejó de ser un derecho y se convirtió en un privilegio, en un permiso impuesto por actores armados", explica el informe de OCHA que destaca cómo en estas regiones la presencia estatal sigue siendo débil frente al avance de grupos ilegales.
Colombia: tercer país con más desplazados internos
Boris Aristín, gerente del Consorcio de Respuesta a Emergencias MIRE+, señaló que Colombia tiene actualmente la tercera mayor cantidad de personas desplazadas internas a nivel mundial, solo superada por Siria y Sudán.
"Es igual de alarmante la magnitud de quienes están obligados a sobrevivir tras puertas cerradas, con una necesidad urgente de ayuda humanitaria", afirmó Aristín, cuya organización ha asistido a cerca de 20.000 personas en situación de confinamiento desde 2025.
Los datos oficiales indican que a finales de 2024, 7,3 millones de colombianos vivían en desplazamiento interno como resultado del conflicto y la violencia, mientras casi 9,9 millones continúan residiendo en áreas con presencia de grupos armados no estatales.
Financiación humanitaria reducida a la mitad
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es la drástica reducción de recursos para atención humanitaria. La financiación internacional para Colombia disminuyó de 205,9 millones de dólares en 2024 a solo 95,1 millones en 2025, lo que limita severamente la capacidad de respuesta frente a una situación que continúa expandiéndose.
"El miedo está transformando al país en zonas aisladas donde el derecho a moverse ya no existe", advirtió Aristín, quien alertó que si los recursos siguen disminuyendo, el confinamiento y sus efectos terminarán pasando factura en más vidas.
Comunidades indígenas y afrocolombianas entre las más afectadas
Las poblaciones étnicas son particularmente vulnerables a estas dinámicas de control territorial. "Cada paso fuera de la comunidad depende de su decisión", relata un habitante de la costa pacífica que resume la realidad de miles de familias viviendo bajo control permanente de grupos armados.
El Consorcio MIRE+ ha documentado que durante los últimos 10 años se han acumulado hasta 700.000 personas en situación de confinamiento en todo el territorio nacional, con un promedio de aproximadamente 380 afectados diariamente.
Respuesta estatal y corredores humanitarios
Frente a esta crisis, organizaciones humanitarias y la Defensoría del Pueblo han insistido en la creación de corredores humanitarios para llevar ayuda a comunidades aisladas. Aunque existen ejemplos positivos como la intervención en la comunidad de Pacelli a principios de 2026, estos procesos suelen tomar más tiempo del deseado.
El Estado colombiano ha mostrado conciencia sobre la gravedad del problema, evidenciado en la expedición del Decreto 525 de 2025 que define conceptualmente el confinamiento y establece mecanismos de articulación institucional para su atención.
"El confinamiento no es una excepción: es una constante del conflicto", concluyó Boris Aristín, destacando cómo esta práctica se ha convertido en una estrategia sistemática de los actores armados no estatales para ejercer control sobre territorios y poblaciones vulnerables.
