Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por violencia en Catatumbo y sur del Cesar
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 006 de 2026 ante el grave agravamiento de la violencia en la subregión del Catatumbo y el sur del departamento del Cesar. Según la entidad, el riesgo se concentra especialmente en los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, así como en Río de Oro y González, donde se registra una intensificación de la confrontación armada desde enero de 2025 que ha provocado una crisis humanitaria severa con múltiples vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Tres dinámicas principales de violencia identificadas
El documento oficial identifica tres dinámicas principales de violencia que amenazan directamente a las comunidades de estos municipios:
- Reconfiguraciones entre grupos armados ilegales: La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente 33 de las antiguas Farc, vinculadas al denominado Estado Mayor de Bloques y Frente, podría estar generando alianzas con la estructura criminal conocida como "Pelusos" para realizar incursiones territoriales agresivas.
- Expansión de nuevos actores armados: Las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada están expandiéndose hacia el sur del Cesar y sectores de Ocaña y Río de Oro, con el objetivo claro de controlar corredores estratégicos como la Ruta del Sol y economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
- Urbanización de la confrontación violenta: Se advierte sobre una posible urbanización de la confrontación entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, especialmente en el corregimiento Agua de la Virgen, lo que aumentaría el riesgo para la población civil.
Comunidades bajo control armado y violaciones al DIH
La Defensoría alertó que los grupos ilegales están ejerciendo gobernanza armada sobre la población civil, mediante retenes ilegales, controles en vías, requisas arbitrarias y la imposición de normas de conducta que limitan las libertades fundamentales. Además, el Sistema de Alertas Tempranas documentó campañas de estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, quienes han sido señaladas en redes sociales como supuestas colaboradoras de grupos armados, generando un ambiente de persecución y temor.
Entre las infracciones al DIH registradas figuran ataques con drones cargados con explosivos en sectores rurales de Ocaña, así como el uso de vehículos con explosivos y la instalación de artefactos en vías que comunican a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, creando un entorno de inseguridad permanente.
Impacto humanitario: desplazamiento y aumento de homicidios
El impacto humanitario se refleja de manera dramática en el incremento de la violencia en la región. Durante 2025, Ocaña registró un aumento significativo de homicidios, mientras que Norte de Santander cerró ese año con 774 muertes violentas, cifra que evidencia la gravedad de la situación. La crisis también se evidencia en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió 18.538 personas desplazadas, equivalentes a 4.851 familias provenientes de distintos municipios del Catatumbo, lo que representa una presión enorme sobre los servicios humanitarios locales.
Poblaciones especialmente en riesgo
La Defensoría advirtió que varios grupos poblacionales enfrentan un riesgo elevado y requieren protección inmediata:
- Niñas, niños y adolescentes: Expuestos al reclutamiento forzado y a la violencia sexual en medio del conflicto.
- Mujeres lideresas: Víctimas de amenazas y persecución en medio de la disputa territorial, con campañas de estigmatización que aumentan su vulnerabilidad.
- Comerciantes, ganaderos y transportadores: Enfrentan amenazas constantes de secuestro y extorsión por parte de los grupos armados.
- Firmantes del Acuerdo de Paz: Han sufrido afectaciones reiteradas y requieren garantías de seguridad para su reintegración.
Recomendaciones urgentes a las autoridades
Ante este panorama crítico, la Defensoría del Pueblo formuló 14 recomendaciones urgentes dirigidas a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como a las gobernaciones y alcaldías de los municipios en riesgo. Las recomendaciones buscan fortalecer las medidas de protección para la población civil, impulsar investigaciones judiciales por homicidios y secuestros, y garantizar atención humanitaria adecuada para las comunidades desplazadas, con un enfoque especial en los grupos más vulnerables.
