Un bien incautado a la mafia se transforma en refugio para la niñez vulnerable en Urabá
En un acto simbólico de transformación social, un inmueble que alguna vez perteneció a estructuras criminales ha sido reconvertido en el primer Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la región del Urabá antioqueño. La entrega oficial se realizó este 2 de marzo en el municipio de Necoclí, un punto neurálgico del flujo migratorio hacia el Tapón del Darién.
La Casa de la Esperanza: un nuevo destino para bienes incautados
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) transfirió la propiedad, valorada catastralmente en más de 73 millones de pesos, al ICBF como parte de su estrategia de administración de bienes vinculados a economías ilícitas. El espacio, ahora denominado 'La Casa de la Esperanza', representa un cambio paradigmático en el uso de activos recuperados del narcotráfico.
"Hoy los bienes del narcotráfico han sido recuperados para restablecer una sociedad, para restablecer los derechos de los niños", afirmó Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, durante la ceremonia de entrega. "Está en cabeza de nosotros, como directivos de las instituciones, seguir acompañando y logrando que estos inmuebles no hagan parte de usos ilícitos".
Respuesta a una crisis migratoria visible
Necoclí se ha consolidado como epicentro del tránsito migratorio hacia Centroamérica, con playas que en años anteriores fueron ocupadas masivamente por personas en busca del "sueño americano". Según Astrid Cáceres, directora general del ICBF, en los últimos meses se han identificado más de 100 niños y niñas migrantes transitando solos por esta zona fronteriza.
El nuevo centro busca ofrecer:
- Acogida inmediata para menores colombianos y extranjeros en situación de vulnerabilidad
- Restablecimiento de derechos fundamentales
- Atención especializada para quienes transitan sin acompañamiento familiar
- Condiciones dignas en un entorno seguro
Inversión y alianzas estratégicas
Para la adecuación del inmueble, el ICBF destinó más de 150 millones de pesos en obras físicas, adecuaciones y dotación. La operación del centro contará con el respaldo de Aldeas Infantiles, organización no gubernamental con más de cinco décadas de experiencia en protección infantil en Colombia.
La iniciativa representa un modelo innovador de reconversión de activos ilícitos en herramientas de inclusión social, especialmente relevante en una región donde la migración irregular ha generado desafíos humanitarios significativos. El centro atenderá casos de toda la región del Urabá, ofreciendo una respuesta institucional coordinada a una problemática que trasciende fronteras.
