Comunidad de Paz denuncia que Clan del Golfo actúa como Estado paralelo en Urabá antioqueño
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en la región del Urabá antioqueño, emitió una alerta pública de alto impacto donde denuncia que el Clan del Golfo está ejerciendo funciones de Estado de facto en el territorio, imponiendo normas y generando un clima de terror entre la población campesina. Esta comunidad, que se declaró neutral ante el conflicto armado desde su fundación en 1997, documentó una serie de amenazas y hechos de intimidación que afectan directamente a sus integrantes y a habitantes de la zona rural de Apartadó.
Un territorio bajo control paramilitar
Según el detallado documento presentado por la organización comunitaria, las estructuras armadas ilegales del Clan del Golfo han establecido un control absoluto sobre la vida social y económica de la región. "Se exhibe el poder económico y militar por quienes controlan a través de las armas con dominio, amenaza y muerte todas las esferas de la sociedad", afirma el comunicado oficial difundido por la comunidad. Los habitantes reportan que este grupo armado impone regulaciones sobre actividades cotidianas y comerciales, creando un escenario donde el Estado colombiano parece ausente o incapaz de ejercer su autoridad legítima.
La comunidad cuestiona severamente la capacidad institucional para garantizar seguridad en la zona, señalando que "estamos ante un Estado ilegítimo, ya que no es quien controla ni ordena realmente el territorio". Esta situación se mantiene incluso durante el proceso de conversaciones que adelanta el Gobierno nacional con el Clan del Golfo, generando desconfianza entre la población campesina que se siente atrapada entre intereses violentos.
Amenazas directas y desplazamiento forzado
Entre los hechos más graves documentados se encuentran:
- Amenazas de muerte contra integrantes de la comunidad registradas desde octubre de 2025
- Intimidaciones específicas contra miembros del consejo interno, incluido José Roviro López
- Un campesino que abandonó la región en noviembre de 2025 tras recibir amenazas directas
- Presencia constante de hombres armados en distintos puntos del territorio
- Construcción de una carretera ilegal en la vereda Mulato Cabecera
En una reunión realizada en la vereda Mulato Medio, hombres armados habrían advertido explícitamente que "de no darse dicha negociación, lo primero que vamos a sacar del medio es a los miembros de esa hp Comunidad". Este tipo de declaraciones evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los defensores de la neutralidad en el conflicto armado.
Control económico y restricciones a la subsistencia
La denuncia también revela cómo el Clan del Golfo ha establecido controles estrictos sobre las actividades económicas campesinas que son vitales para la subsistencia de las familias. En varias veredas de San José de Apartadó se habría prohibido completamente la compra, venta y sacrificio de ganado bovino, afectando directamente los medios de vida de los habitantes.
"Los paramilitares han prohibido a los campesinos la compra, venta y sacrificio de animales", señala el comunicado, agregando que estas medidas coercitivas incluyen exigencias de registro e información personal para realizar cualquier tipo de transacción comercial. Esta intervención en la economía local representa una forma adicional de dominación territorial que limita la autonomía de las comunidades.
Llamado urgente a autoridades nacionales e internacionales
Pese al anuncio de verificación del proceso de conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo para marzo de 2026, la Comunidad de Paz afirma que "las acciones delincuenciales de los paramilitares contra la población civil no cesan". Esta persistencia de la violencia ocurre en un contexto donde la comunidad ha mantenido históricamente su posición neutral, rechazando incluso la presencia de miembros de la Fuerza Pública en sus territorios como parte de su filosofía de resistencia pacífica.
Finalmente, la organización reiteró su llamado urgente a las autoridades nacionales e internacionales para que adopten medidas concretas que garanticen la seguridad de sus integrantes y el respeto a su proyecto comunitario. "Nuestro clamor ante la humanidad y la historia continuará hasta tanto no cesen la persecución y el exterminio contra nuestro proyecto de vida", concluye el documento, reflejando la desesperación de una comunidad que ha sobrevivido a décadas de conflicto pero que ahora enfrenta nuevas formas de dominación armada.
