La Contraloría General de la República ha emitido una alerta crítica sobre el Programa de Reparación Colectiva en Colombia, señalando que solo el 5% de los sujetos reconocidos ha completado su proceso. Este rezago, según el informe, compromete la oportunidad de la reparación y prolonga el sufrimiento de las comunidades, además de representar un desafío fiscal cercano a los 9 billones de pesos.
Resultados del estudio de la Contraloría
El informe, liderado por la Delegada de Inclusión Social, evaluó la política pública de reparación colectiva entre 2018 y 2025, con base en revisión normativa, análisis financiero con corte a agosto de 2025 y trabajo de campo en Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. La Contraloría analizó la eficacia, eficiencia y coherencia de la Ruta de Reparación Colectiva y concluyó que su configuración actual no satisface los principios del gasto público.
Cifras clave del programa
De los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva reconocidos al 31 de agosto de 2025, solo 60 han culminado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva, lo que representa un cumplimiento de apenas el 5%. Si se mantiene el ritmo actual, para 2031 —año en que finaliza la prórroga de la Ley 1448 de 2011— solo el 9,4% de los sujetos habría culminado sus procesos, dejando 1.645 colectivos pendientes.
Proyección fiscal y ejecución presupuestal
Garantizar la reparación integral de esos sujetos restantes demandaría recursos cercanos a los 9 billones de pesos, calculados con base en la Resolución 3143 de 2018 de la Unidad para las Víctimas. Entre 2018 y 2025, a la UARIV le fueron asignados 930,75 mil millones de pesos para reparación colectiva, pero solo se ejecutaron 539,60 mil millones, es decir, un 58% de ejecución presupuestal. Este bajo nivel se asocia con debilidades administrativas, operativas y presupuestales.
Avance de acciones en los planes
De las 18.835 acciones definidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva, solo se ha ejecutado el 21,94%. Las acciones de restitución, que concentran el 44% del peso, presentan el menor avance, con solo el 16,19% de ejecución. Las medidas materiales como restitución, infraestructura y proyectos productivos avanzan menos que las medidas simbólicas y de memoria histórica. Además, se identificó una asimetría en la distribución de beneficios, pues no existen resoluciones de asignación de recursos para sujetos no étnicos.
Factores que explican el rezago
La Contraloría identificó varios factores detrás del rezago: alta rotación del personal técnico de ruta, que provoca pérdida de conocimiento y desconfianza; contratación extemporánea de profesionales, concentrada en abril y mayo; coordinación insuficiente entre las más de 50 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV); y falta de un sistema de información integrado y confiable. El tiempo promedio para cerrar un Plan Integral de Reparación Colectiva se acerca a los 10 años, duplicando los plazos normativos.
Recomendaciones de la Contraloría
El órgano de control pidió adoptar medidas urgentes y sostenibles: fortalecer la capacidad operativa del SNARIV, garantizar estabilidad del talento humano técnico, mejorar la planeación y ejecución presupuestal, y generar nuevos recursos. El informe concluye que, sin ajustes disruptivos, la reparación colectiva seguirá acumulando pendientes sociales, fiscales e institucionales.
