Defensoría del Pueblo emite alerta urgente por crisis humanitaria en oriente del Caquetá
La Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta urgente ante la grave crisis humanitaria que afecta al municipio de Cartagena del Chairá, ubicado en el oriente del departamento del Caquetá. Esta situación crítica se deriva directamente de la intensificación de los enfrentamientos armados entre grupos disidentes de las FARC que mantienen una fuerte presencia en esta región del país.
Confrontación entre bloques disidentes genera deterioro de condiciones de seguridad
El organismo de control manifestó su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil, especialmente en la zona del Bajo Caguán, donde el recrudecimiento de la disputa territorial ha generado un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y de acceso a derechos fundamentales.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la situación se origina en la confrontación entre dos estructuras armadas:
- El Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando del jefe disidente alias 'Calarcá'
- El Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, liderado por el también disidente alias 'Iván Mordisco'
Riesgos materializados y violaciones a derechos humanos
"Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población", explicó la Defensoría, recordando que estos riesgos fueron previsibles desde 2024.
En medio de este panorama crítico, el pasado 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un "paro armado" en Cartagena del Chairá, medida que se suma a otra similar anunciada por ese mismo grupo en diciembre de 2025.
Restricciones de movilidad y limitaciones a derechos fundamentales
La Defensoría del Pueblo señaló que, además, el sector del Bajo Caguán permanece expuesto a restricciones de movilidad desde octubre de 2025, cuando integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño emitieron órdenes que limitaron la circulación de los habitantes y el desarrollo normal de actividades cotidianas.
Estas restricciones, según el organismo de control, han generado continuas limitaciones al acceso de las comunidades campesinas y rurales a derechos fundamentales como:
- La alimentación adecuada
- Los servicios de salud esenciales
- La educación básica y continua
Esta situación ha profundizado significativamente la vulnerabilidad de la población en el territorio, creando condiciones de vida extremadamente difíciles para miles de habitantes.
Exigencias de la Defensoría y llamado a las autoridades
Ante este escenario de emergencia humanitaria, la Defensoría del Pueblo exigió a los grupos armados que excluyan de manera estricta a la población civil de las hostilidades y se abstengan de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
"Se insta a las autoridades de los niveles local, departamental y nacional a implementar acciones urgentes, coordinadas y eficaces, con enfoques diferencial y de acción sin daño, orientadas a la protección y atención integral de la población civil en riesgo", concluyó la entidad en su pronunciamiento oficial.
Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará realizando seguimiento permanente a los hechos y que ejercerá su labor constitucional de defensa y garantía de los derechos humanos en el territorio, mientras persista la crisis humanitaria en esta región del sur del país.
