Deportación de familia colombiana con niño sordo desata ola de indignación en Estados Unidos
La expulsión de una madre colombiana y sus dos hijos menores, uno de ellos un niño de seis años sordo con implante coclear, ha generado una fuerte controversia en California y entre organizaciones defensoras de inmigrantes en Estados Unidos. Las autoridades migratorias enfrentan acusaciones de actuar con insensibilidad y obstaculizar los intentos legales para frenar la deportación.
Detención durante cita rutinaria y deportación acelerada
Lesly Rodríguez Gutiérrez y sus hijos de seis y cinco años fueron detenidos el martes de la semana pasada cuando acudieron a una cita rutinaria con autoridades migratorias en San Francisco, dentro del programa de Supervisión Intensiva (ISAP). Horas después, la familia fue trasladada a un centro de detención y finalmente deportada a Colombia.
El caso ha generado especial preocupación porque el niño sordo fue enviado fuera del país sin sus dispositivos de asistencia auditiva, ya que un familiar que esperaba afuera de la oficina no pudo entregárselos a tiempo. El menor asistía a una escuela especializada para estudiantes sordos en el Área de la Bahía, donde apenas comenzaba a desarrollar habilidades de comunicación mediante lenguaje de señas estadounidense (ASL).
Reacción del sistema educativo y autoridades estatales
El superintendente estatal de instrucción pública de California, Tony Thurmond, ha liderado las críticas, exigiendo al gobierno federal que permita el regreso del menor para que pueda continuar sus estudios y recibir los servicios especializados que necesita.
"Ningún niño debería ser arrancado de su comunidad y ocultado en un centro de detención, especialmente un niño sordo que está siendo privado de la capacidad de comunicarse y de entender lo que está ocurriendo a su alrededor", afirmó Thurmond en un comunicado.
El funcionario fue más allá al pedir directamente al gobierno federal que devuelva al estudiante a su comunidad escolar, calificando la deportación como "ataques inhumanos e ilegales contra nuestras familias".
Obstáculos legales y contradicciones en el proceso
Nikolas De Bremaeker, director legal de Alameda County Immigration Legal and Education Partnership (ACILEP) y abogado de la familia, criticó duramente la actuación de las autoridades migratorias. Según su relato, familiares y abogados recibieron información contradictoria sobre el paradero de la familia mientras intentaban interponer recursos judiciales.
"Primero se les dijo que serían trasladados a un centro de detención en Luisiana, luego que irían a Phoenix, Arizona, y posteriormente a Washington", explicó De Bremaeker, lo que impidió presentar a tiempo solicitudes de hábeas corpus ante los tribunales competentes.
El abogado sostiene que la familia tenía "fuertes razones humanitarias" para no ser deportada y debería haber contado con salvaguardas adecuadas, independientemente de su estatus migratorio.
Posición del Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, defiende la deportación como cumplimiento de una orden judicial previa. En un comunicado, un portavoz señaló que un juez de inmigración ordenó la expulsión de Rodríguez Gutiérrez en 2024 y que fue detenida por ICE tras incumplir múltiples directrices para presentarse ante las autoridades.
La agencia añadió que la madre y sus hijos fueron trasladados desde San Francisco a Luisiana antes de ser enviados en avión a Colombia. Rodríguez Gutiérrez y sus hijos habían llegado a EE.UU. en 2022, solicitando asilo un año después, pero su petición fue inicialmente rechazada.
Consecuencias para el desarrollo del niño y presión continua
Docentes y especialistas en educación de sordos advierten que el traslado abrupto a Colombia podría tener consecuencias graves para el desarrollo del menor. En una carta dirigida a las autoridades, Thurmond explicó que el estudiante recibía una educación especialmente adaptada a sus necesidades lingüísticas.
"Debido a esto, permanecer en un entorno donde el ASL es el idioma principal de instrucción es esencial para el desarrollo del lenguaje, el progreso académico y el bienestar general", escribió el superintendente.
Ahora, tras la deportación, educadores, activistas y autoridades estatales presionan al gobierno federal para que revise el caso y permita el regreso del niño. Durante una conferencia de prensa esta semana, Thurmond incluso pidió la intervención directa del gobierno federal, dirigiéndose al recién nominado secretario para la Seguridad Interna.
El caso ha puesto en evidencia las tensiones entre las políticas migratorias federales y las preocupaciones humanitarias y educativas a nivel estatal, generando un debate nacional sobre el tratamiento de familias migrantes con necesidades especiales.
