Crecen las deportaciones de beneficiarios de DACA: el drama del colombiano Juan Sebastián Chávez que conmociona a Estados Unidos
Los dreamers, hijos de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo aún niños, se han convertido en el nuevo blanco de la administración de Donald Trump contra los migrantes en el país. En los últimos días han comenzado a surgir reportes sobre el arresto y la expulsión de varias de estas personas, que se encuentran en Estados Unidos al amparo del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, pero cuyo futuro permanece en un limbo jurídico desde hace años.
El caso emblemático de Juan Sebastián Chávez Velasco
Uno de los casos que más controversia nacional está generando es el de Juan Sebastián Chávez Velasco, un colombiano que fue traído por sus padres cuando tenía 8 años y que fue arrestado en Texas hace unas semanas, pese a que está casado con una ciudadana estadounidense y tiene tres hijos nacidos en el país. Varios congresistas, entre ellos Catherine Cortez Masto, Vicente González y Joaquín Castro, le han pedido a Trump que ordene su liberación inmediata y detenga la persecución contra estos jóvenes, hoy ya adultos, que llevan casi toda la vida viviendo en Estados Unidos.
La historia de Chávez Velasco resume, para muchos, la nueva vulnerabilidad de una población que durante más de una década creyó estar relativamente protegida de la deportación. Sus padres lo trajeron desde Colombia en 1999, cuando tenía 8 años, con una visa de turista. Como miles de otras familias, se quedaron en el país y solicitaron asilo. La petición fue negada en 2004 y, tras fracasar la apelación, en 2005 quedó en firme una orden final de deportación para toda la familia.
Pero esa orden nunca se ejecutó. Años más tarde, en 2016, sus padres pudieron reabrir el caso y regularizar su situación a través de una hija nacida en EE.UU. Chávez Velasco, sin embargo, no pudo beneficiarse de la misma vía. Según la ley migratoria, los hermanos de ciudadanos estadounidenses no tienen prioridad inmediata y, de hecho, suelen enfrentarse a esperas que pueden tardar entre 15 y 20 años antes de poder ajustar su estatus.
Una vida construida en Estados Unidos
Ante ese callejón sin salida, Chávez Velasco se acogió en 2012 al programa DACA. A partir de allí, rehízo su vida en el país. Estudió, obtuvo dos títulos universitarios, uno en biología y otro en ciencias de laboratorio clínico, y construyó una carrera como científico de laboratorio médico. Durante la pandemia de covid-19, trabajó en la primera línea de un servicio de urgencias. También se casó con Stephanie Villarreal, una estadounidense, y juntos formaron una familia.
Su tercer hijo nació en febrero de forma prematura y permanecía en cuidados intensivos neonatales cuando Chávez Velasco fue arrestado. Según el relato que tanto él como su esposa han dado a medios locales, agentes migratorios le cerraron el paso cuando iba a llevar leche al hospital para su bebé, apenas doce días después del nacimiento. Villarreal ha contado que estaba hablando con él por teléfono cuando escuchó a los agentes ordenarle que bajara del vehículo.
"Entré en pánico de inmediato", dijo. Él, por su parte, ha relatado que intentó explicar que tenía hijos, una esposa y protección bajo DACA. La respuesta, según su versión, fue tajante: "Eso no importa", le dijeron los agentes. Desde entonces, permanece detenido en un centro de Laredo. Su esposa ha insistido en que Chávez Velasco no tiene antecedentes criminales y en que "hizo todo bien" dentro de las limitadas opciones que le ofrecía el sistema migratorio.
Aumenta el arresto y deportación de beneficiarios de DACA
El caso de Chávez Velasco no parece aislado. De acuerdo con cifras entregadas por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) a demócratas en el Congreso, el número de beneficiarios de DACA arrestados y deportados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca ha venido creciendo, aunque los datos son contradictorios. En una comunicación, el DHS reportó que entre el 1 de enero y el 28 de septiembre del año pasado, 270 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 174 deportados.
Pero en otra carta enviada posteriormente al senador Dick Durbin, el mismo departamento habló de 261 arrestos y 86 deportaciones en un periodo aún más largo, hasta el 19 de noviembre. En otras palabras, ni siquiera el propio gobierno parece estar ofreciendo una contabilidad consistente. Lo que sí está claro es que la presión sobre esta población ha aumentado.
Más de 800.000 personas han pasado por DACA desde su creación en 2012. El programa no otorga un estatus legal permanente ni una vía directa a la ciudadanía, pero sí protege temporalmente de la deportación y permite obtener permiso de trabajo, licencia de conducción y, en algunos estados, acceso a matrícula universitaria como residentes. Para conservar esos beneficios, los inscritos deben renovarlos cada dos años, someterse a chequeos de antecedentes y pagar las tarifas correspondientes.
Un programa frágil bajo amenaza constante
Durante años, DACA permitió a muchos de esos jóvenes estudiar, comprar vivienda, formar familias y echar raíces en el país. Pero el programa siempre fue frágil. Trump trató de cancelarlo durante su primer mandato y, aunque los tribunales bloquearon ese intento, nunca dejó de estar bajo amenaza. Ahora, defensores de migrantes y varios congresistas sostienen que la administración estaría usando dos tácticas simultáneas para debilitarlo.
Por un lado, demoras en las renovaciones que dejan a los beneficiarios sin protección ni permiso laboral y, por otro, la persecución de quienes, como Chávez Velasco, arrastran viejas órdenes de deportación emitidas cuando eran menores y que, en muchos casos, habían permanecido congeladas durante años.
Otro de los nombres que ha emergido en esa discusión es el de Jahasiel Peña Enríquez, también citado por el congresista González en una carta enviada al presidente para exigir la liberación inmediata de beneficiarios de DACA detenidos mientras tramitaban la renovación de su estatus. Y quizá el ejemplo más ilustrativo del caos que se está produciendo es el de María de Jesús Estrada Juárez, una mexicana que esta misma semana pudo regresar a EE.UU. luego de que un juez federal concluyera que su deportación fue ilegal.
El impacto psicológico y el debate en el Capitolio
La controversia ha llegado de lleno al Capitolio. La semana pasada se realizaron audiencias y foros para discutir el impacto humano de las nuevas políticas migratorias en niños y familias. En uno de ellos, convocado por el senador Durbin bajo el título "Los niños no están bien: cómo la deportación masiva está traumatizando a menores", psicólogos, educadores y estudiantes afectados detallaron las secuelas emocionales y de desarrollo que están dejando las redadas y deportaciones en escuelas y comunidades.
Al mismo tiempo, demócratas en la Cámara de Representantes ofrecieron una rueda de prensa para denunciar que el gobierno está removiendo a beneficiarios de DACA "por debajo del radar", mientras proyecta una imagen pública de mano dura contra criminales. González, representante por Texas, dijo que en el último año se ha visto "un patrón creciente" de una administración que opera "por fuera de las normas de la ley" y que aprovecha las demoras en el procesamiento de renovaciones para dejar desprotegidos a estos inmigrantes y poder detenerlos.
"Son nuestros amigos, familiares y vecinos. Tienen autorización para trabajar, contribuyen a nuestras comunidades y en muchos casos han vivido en este país mucho más tiempo que en su nación de origen", dice González. Cortez Masto, por su parte, fue aún más directa al referirse al caso del colombiano. De acuerdo con la congresista, Chávez Velasco "no es un criminal", sino un beneficiario de DACA que creció en EE.UU., estudió y hoy trabaja como científico de laboratorio médico sirviendo a su comunidad en Texas.
Para la senadora, detener a personas como él no hace al país más seguro, pero sí destroza familias y siembra miedo en las comunidades que aportan todos los días. En el fondo, el debate vuelve a poner sobre la mesa la gran promesa de Washington frente a los dreamers. Durante más de una década, republicanos y demócratas han hablado de encontrar una solución permanente para quienes llegaron siendo niños y construyeron su vida en EE.UU., pero esa salida nunca llegó. Ahora, por el contrario, parecen estar en la mira de Trump.
