Desplazamiento masivo en Cumbitara por combates prolongados entre grupos armados
Desde el pasado 23 de marzo, el municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño, ha sido escenario de intensos enfrentamientos armados que han provocado el desplazamiento forzado de más de 200 familias hacia zonas más seguras del territorio. La situación, que persiste con alta tensión, ha generado una grave crisis humanitaria en esta región del suroeste colombiano.
Origen de los combates y grupos involucrados
Los enfrentamientos se presentan entre tres actores armados que disputan el control territorial en la zona: el Frente Franco Benavides de las disidencias asociadas a alias "Iván Mordisco", los Comuneros del Sur y las autodenominadas AUN. Estas hostilidades se han mantenido de manera sostenida durante más de una semana en diferentes sectores del municipio, generando pánico entre la población civil.
Las comunidades afectadas provienen principalmente de las veredas de Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín. Ante el riesgo inminente, estas familias han tenido que abandonar sus hogares y pertenencias, buscando refugio en la cabecera del corregimiento Sidón y en el casco urbano de Cumbitara.
Condiciones de los desplazados y atención humanitaria
Las autoridades locales han dispuesto espacios de alojamiento temporal para las familias afectadas, incluyendo:
- Una residencia estudiantil en la cabecera de Sidón
- Viviendas particulares habilitadas para atención humanitaria
- Espacios en el casco urbano del municipio
Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, ya que se anticipan nuevos desplazamientos en las próximas horas y días debido a la continuidad de los combates. Las familias desplazadas enfrentan condiciones precarias y necesitan asistencia inmediata en alimentación, salud y protección.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
Frente a esta emergencia humanitaria, la Defensoría del Pueblo ha realizado un llamado urgente a múltiples entidades del Estado y a los actores armados involucrados. La entidad ha solicitado específicamente:
- Cese inmediato de hostilidades por parte de los grupos armados
- Protección especial para la población civil
- Activación de protocolos de atención por parte de ministerios e instituciones competentes
Entre las entidades convocadas se encuentran los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, así como la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Antecedentes y alertas previas
Esta crisis no es inesperada. En 2024, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 008, donde advertía sobre los riesgos asociados a la disputa territorial entre los grupos armados que operan en Cumbitara. La alerta mencionaba específicamente la presencia del Frente Franco Benavides y una presunta alianza entre el Frente Comuneros del Sur, la disidencia Segunda Marquetalia y las AUN.
El escenario actual representa la materialización concreta de los riesgos que habían sido identificados con anterioridad, demostrando la persistencia de los conflictos armados en esta región de Nariño.
Implicaciones legales y derechos vulnerados
El desplazamiento forzado constituye una violación grave del derecho internacional humanitario, específicamente del artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Esta situación afecta múltiples derechos fundamentales de las víctimas, incluyendo:
- Derecho a la vida y a la integridad personal
- Derecho a la propiedad y al territorio
- Derecho a la seguridad y protección familiar
- Derecho a condiciones dignas de vida
La Defensoría del Pueblo ha anunciado que mantendrá un monitoreo permanente de la situación en Cumbitara y continuará acompañando a las comunidades afectadas, mientras se desarrollan los enfrentamientos armados que mantienen en vilo a toda la región.
