En Buenaventura persiste la zozobra ante la situación que enfrentan niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de explotación sexual por parte de las bandas criminales 'Shottas' y 'Espartanos'. Este último grupo cuenta con un brazo armado de sicarios, conformado por menores y adultos, conocido como 'los Chiquillos'.
¿Nuevo acuerdo en el espacio sociojurídico?
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que existe una denuncia que motivó al delegado de la mesa sociojurídica del Gobierno Nacional, Fabio Cardozo, a pactar con estas bandas para erradicar tales prácticas. Sin embargo, Toro advirtió que 'muchas veces se hacen pactos, pero no se cumplen'.
Ante las denuncias ciudadanas sobre violencia sexual y reclutamiento de menores en Buenaventura, se firmó un acuerdo facilitado por el Gobierno Nacional y lideresas bonaverenses. La mandataria enfatizó la necesidad de un mecanismo de verificación y seguimiento para asegurar el cumplimiento del pacto, pues 'no puede ser que estén utilizando a las jóvenes y niñas para generar sus actividades'.
Acuerdos con verificación
La gobernadora destacó la importancia de los acuerdos, pero con verificación. 'Se instrumentaliza a las muchachas, les ofrecen recursos y se las llevan; esto es un abuso sexual', afirmó. Toro insistió en que el pacto debe incluir mecanismos claros de seguimiento para evitar que más niñas y jóvenes sean instrumentalizadas por las bandas criminales.
La situación en Buenaventura refleja la complejidad del conflicto armado y la violencia de género en la región. Las autoridades locales y nacionales buscan garantizar la protección de los menores y poner fin a estas prácticas ilegales.
