Exsecuestrados de las Farc aspiran a consolidar su representación política en las elecciones del 8 de marzo
En un episodio reciente del programa La Mesa Ancha Electoral, figuras emblemáticas marcadas por la política y la memoria del conflicto colombiano compartieron sus perspectivas. Ingrid Betancourt, fundadora del Partido Verde Oxígeno; Alan Jara, exgobernador del Meta y candidato al Senado por el Partido Verde; y Luis Herlindo Mendieta, mayor general (r) y candidato al Senado por Cambio Radical, hablaron sobre el significado de sus candidaturas tras años de permanecer en cautiverio.
La crisis interna del Partido Verde Oxígeno y la defensa de Betancourt
Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Ingrid Betancourt respecto a la crisis interna de su partido, Oxígeno. Tras la renuncia de Sofía Gaviria, la candidata respondió a las críticas que señalaban un liderazgo caudillista. “Somos lista cerrada, no hay números, no hay fotos, no hay nombres, es simplemente el logo del partido Oxígeno, con la X verde”, afirmó Betancourt.
Ella defendió la cohesión de su colectividad y aseguró que, a pesar de las tensiones, “estamos muy unidos, más que nunca, es muy lindo y estoy muy orgullosa de esta lista”. Este comentario subraya su compromiso con un enfoque colectivo en medio de las disputas partidistas.
Debate sobre la suspensión del decreto de salario mínimo
La suspensión del incremento del salario mínimo decretado por el Consejo de Estado generó un intenso debate en la mesa. Julio César Iglesias, analista presente, indicó: “Hay que respetar la justicia, siempre lo decimos, en este caso no puede ser distinto”.
Los invitados señalaron que la decisión del presidente Gustavo Petro de mantener el aumento del 23,7% se ha convertido en una bandera política, interpretada por algunos como una estrategia populista que desconoce la realidad económica del país. Desde la perspectiva empresarial y rural, varios panelistas advirtieron que la medida afecta de manera desproporcionada a los microempresarios y productores del campo.
Se mencionó que “la mayoría de gremios son conformados por empresas grandes del país, donde está la voz de los microempresarios”, quienes representan más del 90% de las unidades productivas y carecen de capacidad para asumir el incremento. En sectores como la agricultura, el comercio minorista y los servicios básicos, se prevé un impacto negativo que podría generar desajustes financieros y pérdida de empleos.
No obstante, también hubo voces que defendieron la continuidad del aumento como un mecanismo para dinamizar la economía. Algunos invitados sostuvieron que “entre más haya en el salario, más se puede mover la economía, más se activa la economía”, mientras otros destacaron que, aunque el beneficio directo alcanza a una minoría de trabajadores, la medida ha generado respaldo ciudadano y se percibe como una realidad cumplida.
Víctimas del conflicto buscan voz en el Congreso
Tres exsecuestrados de las Farc recordaron los años de cautiverio que marcaron sus vidas: seis, siete y hasta once años privados de la libertad. Hoy, esos números se transforman en símbolos de memoria y resistencia, pues buscan ocupar un lugar en el Congreso de la República.
Para ellos, la aspiración política no es solo un proyecto personal, sino la posibilidad de recuperar un espacio que consideran les ha sido negado y que, hasta ahora, no ha significado reparación ni reconocimiento real de su sufrimiento. Ingrid Betancourt subrayó la paradoja que enfrentan las víctimas: mientras los excombatientes de las Farc obtuvieron representación política y beneficios en el marco del acuerdo de paz, quienes padecieron el secuestro y la violencia quedaron relegados.
Según ella, la paz de 2016 se construyó sobre promesas incumplidas de verdad, reparación y no repetición, lo que terminó en impunidad. En la lista cerrada que hoy integran, llamada “lista de oxígeno”, la mayoría son víctimas directas, como Daisy Guanabro, quien fue secuestrada a los 10 años y sufrió abusos atroces en los campamentos guerrilleros. Para Betancourt, voces como la de Daisy deben llegar al Congreso para que el país escuche la verdad de lo ocurrido.
Este movimiento político representa un esfuerzo por transformar el dolor en acción, buscando garantizar que las víctimas tengan un papel activo en la construcción del futuro de Colombia.
