Familia de Álvaro Gómez Hurtado manifiesta "especial frustración" tras fallo judicial sobre la JEP
La familia del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, ha expresado públicamente su profunda decepción tras una reciente decisión judicial que mantiene la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la investigación de este emblemático crimen. En un comunicado emitido este 12 de febrero de 2026, los allegados del líder conservador cuestionan tanto las capacidades de este tribunal de justicia transicional como la veracidad de la responsabilidad asumida por antiguos miembros de las FARC.
Dudas persistentes sobre la autoría del crimen
La familia ha reiterado sus serias reservas respecto a la aceptación de responsabilidad que hicieron exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP en 2020, cuando presentaron un "Aporte Temprano de Verdad" ante la JEP. Según el pronunciamiento familiar, esta declaración careció de evidencia material que la fundamentara, no contó con la ratificación de la mayoría de miembros del secretariado y contradijo amplia documentación recaudada por la Fiscalía General de la Nación durante años de investigación.
"En 2025, la JEP decidió asumir competencia sobre el caso basándose en esa manifestación. Nosotros apelamos dicha decisión porque consideramos que no existían elementos de convicción suficientes que demostraran que el crimen fue cometido en el marco del conflicto armado", explica el documento familiar. Esta postura refleja el temor de que la aceptación fariana obedezca más a una estrategia política para obtener penas más flexibles en la JEP que a un genuino reconocimiento de culpabilidad.
Preocupación por el estancamiento investigativo
Transcurridas tres décadas desde el magnicidio que conmocionó al país, la familia Gómez Hurtado señala con preocupación la falta de avances sustanciales en el esclarecimiento integral de los hechos. "Han pasado casi treinta años y más de cinco desde que la JEP asumió conocimiento preliminar del caso, sin que se haya producido un progreso significativo", destaca el comunicado.
La actuación judicial se ha centrado principalmente en recibir declaraciones de algunos comparecientes, sin superar el estándar probatorio ya recaudado por la justicia ordinaria. Durante estos treinta años, las investigaciones han explorado múltiples hipótesis:
- Participación de estructuras criminales organizadas
- Posible intervención de miembros de la Fuerza Pública
- Vínculos con carteles del narcotráfico
- La hipótesis de un crimen de Estado
Esta última posibilidad llevó a la Fiscalía a declarar el caso como crimen de lesa humanidad en diciembre de 2017, considerando la participación de narcotraficantes y altos funcionarios de la administración de Ernesto Samper.
Alcance limitado de la competencia de la JEP
La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmó recientemente la competencia de la JEP respecto a los exintegrantes de las FARC-EP que comparecen ante esa jurisdicción. Sin embargo, la propia decisión delimita claramente el alcance de esta competencia, señalando que es prevalente solo sobre estos antiguos guerrilleros y no debería afectar las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía ni ante la Comisión de Acusaciones respecto a otras hipótesis de responsabilidad.
"Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", enfatiza la familia en su pronunciamiento.
Compromiso inquebrantable con la verdad
La familia insiste en que la verdad completa no puede reducirse a una versión tardía, no contrastada de manera robusta y carente de soporte técnico verificable, especialmente cuando subsisten líneas de investigación vigentes sobre la posible responsabilidad de altos funcionarios del Estado de la época.
Confían en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto al alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper.
"En nombre de la familia, reiteramos que seguiremos activando todas las instancias nacionales e internacionales que correspondan para sustraer este caso de la impunidad. La memoria de Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas Hastamorir exige verdad plena, justicia real y determinación integral de responsabilidades", concluye el comunicado, recordando que treinta años después, el país sigue esperando respuestas definitivas sobre uno de los magnicidios más emblemáticos de la historia colombiana.
