Un abrazo que simboliza años de búsqueda de verdad y justicia
En un momento cargado de profunda emotividad durante una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Medellín, Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín, madre e hija de John Darío Giraldo Quintero, protagonizaron un gesto histórico al abrazar y perdonar al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien ordenó el asesinato de su familiar el 6 de septiembre de 2003.
El contexto de la audiencia sobre falsos positivos
La escena ocurrió durante la audiencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación por los denominados 'falsos positivos' en el Oriente antioqueño, un escenario diseñado específicamente para escuchar a las víctimas, contrastar los aportes de verdad de los comparecientes y evaluar sus compromisos frente a la reparación integral. Los militares citados a esta diligencia formaron parte del Batallón de Artillería No. 4 'Coronel Jorge Eduardo Sánchez' (BAJES), aunque no fueron considerados máximos responsables, pese a estar vinculados con nueve hechos ocurridos entre 2003 y 2004 en San Luis, Cocorná y Granada, que dejaron 19 víctimas fatales.
Esta audiencia pública se enmarca dentro de la Ruta No Sancionatoria de la JEP y busca consolidar los relatos de verdad, verificar la aceptación de responsabilidad y conocer las propuestas concretas de reparación, como parte fundamental de los requisitos del régimen de condicionalidad que permitirá definir de manera definitiva la situación jurídica de los comparecientes ante la justicia transicional.
La reconstrucción de los hechos de 2003
Uno de los episodios examinados con mayor detalle ocurrió precisamente el 6 de septiembre de 2003 en la vereda El Jordán, municipio de Cocorná, Antioquia. Según lo expuesto durante la audiencia, integrantes del BAJES —que operaban en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2007— asesinaron a Pedro Antonio Marulanda, John Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález, a quienes posteriormente presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combate, en lo que constituye un claro caso de 'falso positivo'.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la magistrada auxiliar Ángela Galvis, los miembros de la batería 'Bombarda 4', bajo el mando directo de Rosero Bravo, llegaron al lugar guiados por una mujer conocida como 'La Pacho', quien señaló a las víctimas como supuestos milicianos. Las tres personas fueron retenidas e interrogadas y, según los comparecientes, habrían entregado información sobre caletas y escondites.
"Después de los hallazgos, los integrantes de 'Bombarda 4' se volvieron a reunir en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las tres personas. En ese momento, planificaron las muertes y la forma en que serían presentadas como muertos en combate. Rosero Bravo se dirigió a Cocorná para conseguir armas y entró en contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil", relató la magistrada Galvis durante su intervención.
La conexión paramilitar y la orden de asesinato
Con base en la información del despacho del magistrado Carlos Alberto Suárez López, el oficial permitió que paramilitares interrogaran a las víctimas como contraprestación por el arma obtenida. Posteriormente, impartió la orden directa de asesinarlas, configurando así una grave violación a los derechos humanos.
Durante la audiencia, el magistrado preguntó específicamente por el origen de las armas utilizadas para simular el combate. "Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK 47", respondió Rosero Bravo con notable franqueza.
Por su parte, el compareciente Édgar de Jesús Sánchez Restrepo relató con crudeza los abusos cometidos contra una de las víctimas: "Bajó un paramilitar, alias 'Alex' y otro alias 'Matute'. Golpearon a Cristian para sacarle información", testimonio que evidenció la violencia ejercida durante los interrogatorios.
Las peticiones de perdón y los testimonios de arrepentimiento
Los comparecientes se dirigieron directamente a las víctimas presentes en la sala: Sol Beatriz Aizález, prima de Cristian; y Rosalba Angélica Quintero de Giraldo junto a Yésica Natalia Giraldo. Diego Londoño Rojas, otro de los comparecientes, expresó con visible emoción: "Estoy aquí parado frente a ustedes con vergüenza, con arrepentimiento, por los horrores que cometí en el Pelotón Bombarda. Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos, desde lo más profundo de mi corazón, quiero que sepan que no hay día de mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice. Me tortura cada día pensar en el dolor que les causé".
Tras su intervención, entregó a las víctimas un árbol simbólico para ser sembrado en el 'Bosque del recuerdo', como acto concreto de memoria y reparación simbólica.
El perdón como acto transformador
La respuesta de las víctimas marcó el tono emocional de toda la audiencia. "Yo quiero decirles que los perdono", afirmó Rosalba Angélica Quintero de Giraldo con una serenidad que conmovió a todos los presentes.
A su turno, Yésica Giraldo destacó el valor fundamental de la verdad en el proceso de justicia transicional: "Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso. Es muy difícil crecer sin padre y, por eso, también le doy gracias a mi abuela. Nosotros estamos aquí porque ella fue la que nos cuidó. Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor".
El cierre de su intervención fue un gesto que sintetizó años de dolor, lucha y búsqueda incansable: "De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón sincero, queremos brindarle un abrazo", dijo Yésica. Acto seguido, ambas mujeres abrazaron al compareciente Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien ha reconocido su responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
El significado profundo del proceso
Este momento histórico no solo representa un paso significativo en el proceso de justicia transicional colombiano, sino que también simboliza la posibilidad del perdón incluso en los casos más dolorosos de violación a los derechos humanos. La audiencia demostró cómo los espacios de verdad pueden facilitar procesos de sanación tanto individual como colectiva, aunque sin olvidar la necesidad de justicia y reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado.
El caso de los 'falsos positivos' en el Oriente antioqueño continúa su curso en la JEP, con la esperanza de que estos procesos contribuyan a la no repetición de tales crímenes y al fortalecimiento del Estado de derecho en Colombia.
