La angustia de las familias de colombianos detenidos en centros migratorios de EE.UU.
Las llamadas se convierten en un timbre interminable que nadie contesta. Los correos electrónicos son mensajes que se pierden en el vacío. Para las familias de los más de 2.200 colombianos detenidos en centros migratorios estadounidenses, la espera se mide en días, semanas y meses de incertidumbre absoluta.
Una política de deportación masiva
Desde que Donald Trump retomó la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, la situación de miles de migrantes, incluidos ciudadanos colombianos, se ha transformado en una espiral de desesperación para sus seres queridos. En los trece meses de lo que las autoridades denominan "deportación masiva", al menos 2.200 connacionales han sido conducidos a alguno de los 212 centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según estimaciones del Instituto de Política Migratoria, el tiempo promedio de detención es de 53 días, pero numerosos casos superan los tres meses en condiciones que organismos internacionales han calificado como inhumanas. Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ha catalogado estos centros como "lugares que van contra el propio tejido social de los principios fundamentales de la salud".
Testimonios desgarradores desde el interior
La congresista Ángela Vergara vivió en carne propia esta angustia cuando su hijo Rafael fue detenido. Durante 17 días permaneció en silencio absoluto, buscando abogados o contactos en Estados Unidos que pudieran indicarle el paradero de su hijo. Solo recibió el número de identificación que ICE le asignó al joven.
"Está hacinado en un pabellón en Louisiana con 80 personas, solo accede a agua potable cada ocho horas y no sé cuándo podré volver a comunicarme con él", relata Vergara. Su hijo ha sido esposado, tratado como criminal y ha presenciado cómo otros colombianos llevan meses en condiciones deplorables, incluyendo mujeres cuya salud menstrual se ve vulnerada por falta de insumos básicos.
Human Rights Watch ofreció en julio de 2025 un panorama aún más desolador: los detenidos deben "alimentarse como animales" y quienes reclaman a los agentes son conducidos a confinamiento solitario.
Casos que superan los 100 días de detención
Carmen Ramírez, congresista por la circunscripción de colombianos en el exterior, asegura que durante sus labores legislativas ha recibido numerosos casos que superan los 100 días de detención. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Antonia, una niña colombiana de nueve años detenida en Dilley, Texas, quien reveló a través de una carta publicada por ProPublica que fue interrogada por más de dos horas por agentes migratorios y permaneció 113 días en el centro.
"Es una situación que va mucho más allá de lo humanitario", afirma Ramírez. "Hemos enviado más de 200 derechos de petición a la Cancillería para que prioricen los casos y haya una pronta repatriación. Pero esta situación, donde hay una política orientada al terror, es un drama de enorme magnitud que depende más de ICE y el gobierno estadounidense que de nosotros".
El laberinto de la repatriación
Cuando los colombianos aceptan la deportación voluntaria, deben esperar su turno en vuelos gestionados por ICE. Sin embargo, la situación se complica considerablemente considerando que, según USA Facts, hay más de 70.000 personas recluidas en estos centros, y los vuelos deben repatriar ciudadanos de 76 países diferentes.
La alternativa consiste en que Colombia envíe vuelos humanitarios, pero este camino también está lleno de obstáculos. Vergara denuncia que durante 2026 el Estado colombiano redujo la frecuencia de estos vuelos. En 2025, Colombia enviaba dos vuelos semanales de repatriación, pero estos se suspendieron durante más de seis semanas entre diciembre y enero. Solo hasta febrero de 2026 se retomó el envío de aeronaves a Estados Unidos.
Algunas familias, desesperadas, han considerado costear vuelos comerciales para traer de vuelta a sus seres queridos, pero esta opción tampoco ofrece soluciones concretas, ya que se trata de un asunto que requiere coordinación bilateral entre los dos gobiernos.
Un dolor que trasciende fronteras
"Todas las noches nos enfrentamos al dolor de no saber cuándo va a volver ni en qué condiciones se encuentra", confiesa una familiar afectada. "Un episodio de este tipo no solo quiebra a quien está detenido, también destruye a su familia entera".
Mientras el gobierno de Gustavo Petro busca soluciones para los connacionales detenidos, los agentes de ICE continúan realizando arrestos y conduciendo personas a los centros de detención. Para Vergara y al menos otras 2.000 familias colombianas, el suplicio continuará hasta que sus seres queridos, algunos después de meses esposados o en celdas hacinadas, puedan finalmente regresar a casa.
La situación representa no solo una crisis humanitaria, sino un desafío diplomático de proporciones considerables que requiere atención urgente y coordinación efectiva entre ambos países para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos afectados.
