Exjefes de las Farc admiten graves crímenes contra menores ante la Jurisdicción Especial para la Paz
Después de más de un año de proceso judicial, seis integrantes del antiguo secretariado de las Farc reconocieron formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación determinante en crímenes atroces cometidos contra 18.677 niños y niñas reclutados forzosamente entre 1971 y 2016.
Reconocimiento histórico de responsabilidades
Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra presentaron una carta dirigida a la magistrada Lyli Rueda, ponente del caso 07 de la JEP, en la que admitieron su responsabilidad como cabecillas de la guerrilla en el reclutamiento forzado, torturas, homicidios y violencias sexuales sistemáticas contra menores de edad.
"Lo hacemos en cumplimiento integral de las obligaciones asumidas en el Acuerdo final de Paz", escribieron los excomandantes, reconociéndose como "partícipes determinantes" en estos crímenes que buscan esclarecer la verdad y asumir las responsabilidades correspondientes.
Patrones criminales documentados
La imputación de la JEP, que supera las 800 páginas, documenta cómo estos exjefes guerrilleros, en su calidad de comandantes de bloques, conocieron directamente el curso de los hechos criminales y no tomaron medidas para prevenir, contener o sancionar estos crímenes de guerra.
Entre los hallazgos más graves se encuentran:
- 11.027 víctimas acreditadas en el caso 07
- 19% de las víctimas sufrieron abortos forzados dentro de las filas guerrilleras
- 9.027 víctimas pertenecen a pueblos étnicos indígenas y afrocolombianos
- 18% del total de víctimas manifestó haber sufrido violencias sexuales
Impacto devastador en la niñez
La JEP determinó que los niños y niñas reclutados sufrieron la pérdida de la esencia de la niñez y la anulación de la posibilidad de forjar su propia identidad. Las afectaciones más profundas derivan de la exposición permanente a la muerte, así como a la ansiedad y sufrimiento generados por diferentes violencias sufridas dentro de las filas.
Las prácticas violentas documentadas incluyen:
- Esclavitud sexual
- Uniones forzadas
- Desnudez forzada
- Torturas físicas y psicológicas
- Homicidios de menores
Proceso judicial extendido
Aunque inicialmente los procesados tenían 30 días para aceptar o rechazar su participación en estos hechos, distintos recursos legales extendieron el proceso por más de un año. Los exjefes guerrilleros incluso presentaron una tutela para unificar en una sola acusación los graves crímenes cometidos.
En su carta de reconocimiento, los seis excomandantes expresaron algunas observaciones sobre los patrones hallados por la magistrada Rueda en relación a violencias sexuales específicas, aunque aclararon que esto "no desconozca la ocurrencia de dichos hechos y conductas".
Camino hacia las sanciones
Al haber reconocido estas conductas criminales, y a la espera de que se surta el debate sobre las observaciones presentadas, el proceso judicial avanza hacia la fase de imposición de sanciones propias, tal como lo establece el Acuerdo de Paz de 2016.
Este reconocimiento histórico representa un paso significativo en el esclarecimiento de la verdad sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, donde miles de niños y niñas fueron arrebatados de su infancia y sometidos a violencias inimaginables por parte de quienes debían protegerlos.
