Feminicidios en Santander: el dolor que no debe convertirse en espera eterna
Después de un feminicidio o un intento de feminicidio, las familias enfrentan un camino lleno de obstáculos institucionales. En Santander, donde la emergencia por violencia de género no cede, conocer las rutas legales se convierte en una herramienta fundamental para exigir justicia y activar mecanismos de protección efectivos.
El silencio institucional y las herramientas para romperlo
Cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, el calvario para su familia apenas comienza. Al dolor de la pérdida se suma, con frecuencia alarmante, el silencio de las instituciones estatales. Frente a los escritorios sobrecargados de la Fiscalía, la abogada y magíster Yamile Roncancio Alfonso emite una advertencia contundente: las familias no tienen por qué conformarse con la inacción.
"Claramente, las víctimas deberían poder encontrar respuestas en sus fiscales; ese es el deber ser", sostiene Roncancio. La experta reconoce que la carga laboral en los despachos judiciales es abrumadora, pero es enfática en un punto crucial: el Estado no puede utilizar su propia saturación como excusa para incumplirle a las mujeres.
La exigencia estructural resulta inaplazable: urge ampliar la planta de investigadores de la policía judicial (CTI y DIJIN) para que los procesos no se estanquen en la burocracia. Cuando el fiscal guarda silencio, la acción de tutela emerge como un mecanismo legítimo para exigir avances procesales concretos.
El derecho a la información y el acompañamiento legal
El desgaste institucional suele empujar a las familias al abandono de los casos, un fenómeno que perpetúa cíclicamente la impunidad. Para contrarrestar esta tendencia, Roncancio recuerda que el derecho a la información es irrenunciable. Las víctimas pueden escalar peticiones formales directamente ante:
- Las seccionales de la Fiscalía
- La sede nacional de la Fiscalía
- La Defensoría del Pueblo
El acompañamiento legal no debe convertirse en un privilegio exclusivo para quienes pueden pagarlo. La Defensoría del Pueblo ha fortalecido sus unidades especializadas con enfoque de género, asumiendo la representación judicial para enfrentar violencias sexuales y feminicidios con herramientas técnicas que evaden las trampas del sistema.
Bucaramanga: la Patrulla Púrpura como primera línea
El debate en los tribunales encuentra su correlato inmediato en las calles de Bucaramanga, donde la crisis de violencia de género resulta palpable. Desde el 1 de enero hasta el 27 de febrero de 2026, la recién oficializada Patrulla Púrpura de la Policía ha tenido que intervenir directamente en 113 casos, activando las rutas de atención integral para mujeres en riesgo.
Esta unidad especializada, que formalizó su operación en la ciudad el pasado 23 de enero, se ha convertido en la primera línea de contención a través de las líneas de auxilio 155, 122 y 123. Su objetivo principal consiste en evitar que las violencias escalen hacia el feminicidio, buscando conectar la urgencia policial con la judicialización penal efectiva.
Las cifras que justifican la urgencia
Los números oficiales dibujan un mapa del terror que explica la necesidad apremiante de estas medidas. Solo en el arranque de este año (enero de 2026), Colombia ya documentó:
- 28 feminicidios consumados
- 26 feminicidios en grado de tentativa
- 4 transfeminicidios
El saldo del 2025 dejó una herida profunda en el tejido social: 118 mujeres asesinadas por violencia machista, 333 sobrevivientes a tentativas y 28 mujeres trans asesinadas. La antesala del feminicidio, representada por la violencia intrafamiliar y sexual, muestra un panorama desbordado:
- Casi 15.000 víctimas de violencia en los hogares durante 2025
- 963 casos de violencia sexual solo en enero de 2026 (casi la mitad contra niñas y adolescentes)
El riesgo post-sentencia y los mecanismos de protección
Como ya lo había advertido la Procuraduría a finales de 2024, la letalidad tiene rostro conocido: aproximadamente el 68% de estos crímenes son perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Roncancio señala otra herida abierta del sistema: el riesgo inminente cuando el agresor cumple su pena o queda en libertad por vencimiento de términos.
Los derechos de la víctima no caducan con la sentencia. Si el victimario retorna a las calles y reinicia el acoso, la abogada recuerda que la víctima conserva el poder de intervenir ante el juez de ejecución de penas. Las nuevas amenazas o constreñimientos constituyen delitos autónomos que deben denunciarse inmediatamente, exigiendo:
- Nuevas medidas de protección
- Activación de protocolos de emergencia como la 'Alerta Rosa'
Estos protocolos obligan a la Policía y a la Fiscalía a actuar de forma coordinada antes de que sea demasiado tarde, estableciendo un cerco protector alrededor de las mujeres en riesgo. La lucha contra la impunidad requiere tanto de herramientas legales como de respuestas institucionales ágiles y efectivas.
