Fuerza pública perpetró violencias basadas en género de manera sistemática en el conflicto armado
Un informe titulado "Y a nosotras, ¿quién nos va a reparar el alma?", publicado el 15 de abril, expone que la fuerza pública colombiana habría sido perpetradora de violencias basadas en género durante el conflicto armado. La investigación, desarrollada por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) y la Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia (Acooc), sostiene que estos actos no fueron casos aislados, sino que responden a estructuras patriarcales dentro de la institución.
Testimonios de 180 mujeres revelan patrones de violencia
Durante año y medio, las organizaciones recopilaron testimonios de 180 mujeres en cuatro departamentos profundamente afectados por el conflicto: Bolívar, Meta, Guaviare y Cauca. Este trabajo aporta evidencia técnica y testimonial para el avance del Macrocaso 11 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destacando que la institución presentada como garante de seguridad también ha ejercido violencia sexual y crímenes por prejuicio.
Mediante un ejercicio de georreferenciación, el informe identificó:
- 30 actores armados legales, incluyendo unidades del Ejército Nacional, Infantería de Marina y Policía Nacional.
- 20 grupos ilegales, entre estructuras paramilitares y frentes de las antiguas FARC.
El mapeo sitúa más de 100 hechos victimizantes cometidos entre los años noventa e inicios de los 2000, entre ellos:
- Tomas armadas
- Masacres
- Reclutamientos
- Desapariciones
- Ejecuciones extrajudiciales
- Secuestros
Estos eventos tuvieron un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres, agravado por un orden patriarcal que las instrumentaliza para tareas domésticas o logísticas.
Violencia sexual como herramienta de control
El análisis revela que la violencia sexual se utilizó como castigo ejemplarizante en el 15.7% de los casos y como forma de instrumentalización en el 68.4%. Estas violencias, al igual que otras basadas en género, frecuentemente involucraron a varios agresores contra una misma víctima.
"Cuando llegan al barrio me da rabia, impotencia, me siento vulnerable. Antes de sentirme segura con ellos, me siento insegura. Si quienes tienen que cuidarnos no nos cuidan, si son aliados de quienes nos hacen daño... no nos sentimos seguras", relata una mujer del departamento de Bolívar.
El problema de la legitimidad institucional
Para Diana Salcedo López, directora de Limpal, que estas agresiones provengan de la fuerza pública complica la manera en que las mujeres interpretan los hechos, generando dudas sobre si realmente vivieron una violencia. "De hecho, creemos que todavía va a ser muy complicado que como sociedad reconozcamos que miembros de la fuerza pública ejercieron violencia basada en género en el marco de sus funciones de protección", explica.
La investigación describe cómo en varios territorios la institución militar se erigió como la única representación estatal, consolidando un orden "milipatriarcal" donde ser soldado y ser hombre se refuerzan mutuamente, produciendo jerarquías sobre qué cuerpos serían más violentados.
Interseccionalidad y vulnerabilidades agravadas
Las situaciones se agravan según el nivel de vulnerabilidad de cada mujer. "Las víctimas de violencias por miembros de la fuerza pública son mujeres, generalmente, de entornos más rurales, que en cierta manera están desprotegidas por el Estado", señala Salcedo. El informe encontró patrones que sugieren una afectación diferenciada en territorios donde habitan mujeres indígenas y afrodescendientes, donde la racialización legitima más vulneraciones.
"[Las niñas indígenas] son más indefensas, más vulnerables, porque ellas se encuentran en sitios más apartados, pueden ser en los resguardos, en el campo, donde si van por un camino las cogen y abusan de ellas", relata una víctima del Guaviare.
Desafíos en la reparación y justicia
"¿Cómo vamos a confiar, si voy a denunciar con alguien que viste el mismo uniforme de quien me ha agredido?", pregunta una de las víctimas durante la presentación del informe. Los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública tienden a ser relativizados o justificados, y muchos son trasladados a la justicia penal militar, lo que históricamente ha mantenido altos niveles de impunidad.
Para Salcedo, los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) en la JEP deben ir más allá de acciones convencionales: "Toca cambiar la manera en la que la fuerza pública se aproxima a las comunidades y tramita internamente las denuncias de violencias contra las mujeres". Esto implica una transición hacia otras comprensiones de seguridad que no dependan únicamente de la militarización y una revisión profunda de la doctrina militar.
