La desaparición de Kimy Pernía y el proyecto paramilitar en Córdoba
Kimy Pernía, líder indígena embera katío del Alto Sinú en Córdoba, fue desaparecido por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 2 de junio de 2001. Este hecho no fue aislado, sino parte de un proyecto político y militar que buscaba controlar el departamento y buena parte del país durante la primera década del siglo XXI. Como señaló Dejusticia, existe un claro entrelazamiento entre la represa Urrá, el pueblo embera, la consulta previa, la licencia ambiental, la violencia y la usurpación de tierras.
El Pacto de Ralito y la alianza paramilitar-política
Las declaraciones de exjefes paramilitares desmovilizados desde 2005 revelaron que la muerte de Kimy Pernía era apenas una señal de un plan más amplio. En julio de 2001, Salvatore Mancuso convocó una reunión en la vereda Santa Fe de Ralito, Tierralta, con miembros de la clase dirigente de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. El gobernador de Córdoba, Jesús María López Gómez, fue el encargado de convocar el encuentro.
Más de 60 políticos y funcionarios asistieron el 23 de julio, encontrándose con jefes paramilitares como Mancuso, 'Don Berna', 'Diego Vecino' y 'Jorge 40'. Según la Fiscalía, los presentes ya colaboraban con los paramilitares o buscaban incorporarse a su proyecto. Mancuso preparó un documento que planteaba una alianza para consolidar una plataforma electoral nacional, buscando voz en el Congreso para negociar con el gobierno y evitar la extradición por narcotráfico.
El documento, que parafraseaba el preámbulo de la Constitución de 1991, fue firmado por cuatro exjefes paramilitares, dos exgobernadores, cinco exalcaldes, seis excongresistas y siete líderes regionales. Entre los firmantes estaban Jesús María López, Salvador Arana, Alfonso Campo Escobar y Eleonora Pineda, muchos de los cuales enfrentaron procesos penales posteriores.
Los efectos del paramilitarismo en la política y la economía
El Pacto de Ralito tradujo el poder militar de las AUC en poder económico y político. Las autodefensas controlaban rutas de narcotráfico y se convirtieron en coadministradores de recursos públicos. En su declaración de 2008, Mancuso confesó que desde el año 2000 las AUC decidían los candidatos a corporaciones públicas en Córdoba.
La estrategia rindió frutos: Eleonora Pineda pasó de ser concejal de Tierralta con 748 votos en 2001 a obtener alrededor de 80.000 votos como aspirante a la Cámara en 2002. Pineda cumplió su parte, interviniendo a favor de los intereses paramilitares en la Ley de Justicia y Paz.
Los efectos económicos fueron graves. Se sumó el despojo violento o venta forzada de tierras a favor de paramilitares y sus aliados. El valor creciente de las tierras tras el llenado de Urrá incentivó la usurpación, afectando a campesinos y pequeños propietarios.
El proceso de desmovilización y sus consecuencias
El 15 de julio de 2003, las AUC firmaron el Acuerdo de Ralito con el gobierno nacional, iniciando un proceso de desmovilización que debería culminar en diciembre de 2005. Sin embargo, muchas estructuras paramilitares se convirtieron en bandas criminales que continúan controlando la zona de Urrá.
La Ley 975 de Justicia y Paz otorgó condiciones penales laxas a los paramilitares, pero la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo que los homologaba con delincuentes políticos en 2006. Además, doce jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008, obstruyendo investigaciones sobre parapolítica.
La resistencia embera y los acuerdos incumplidos
Ante el recrudecimiento de la violencia y el incumplimiento de acuerdos, los emberas se movilizaron nuevamente en 2004. Cuatrocientos miembros viajaron a Bogotá, instalándose en la sede de la ONIC durante casi cuatro meses en condiciones de hacinamiento.
Finalmente, el 8 de abril de 2005, llegaron a un nuevo acuerdo con el gobierno. Se establecieron mecanismos para cumplir compromisos pendientes desde la licencia ambiental de Urrá, incluyendo financiación del Plan Integral de Vida de los Cabildos Mayores y compromisos en educación y salud.
La indemnización ordenada por la Corte Constitucional en 1998 comenzó a pagarse en 2007, casi diez años después del fallo. Sin embargo, los efectos divisivos del dinero recibido individualmente se sumaron a la violencia persistente y al incumplimiento de otros acuerdos.
La visión fragmentada del Estado
Las entidades estatales carecieron de una visión de conjunto sobre lo que ocurría en Córdoba y territorios emberas. La Defensoría del Pueblo documentó el incumplimiento de compromisos estatales y la falta de voluntad política para proteger a las comunidades indígenas.
La Organización Internacional del Trabajo señaló que la consulta con los emberas estuvo lejos de ser libre, previa e informada, destacando incidentes criminales como el asesinato de Lucindo Domicó Cabrera en 1999 y la desaparición de Kimy Pernía en 2001.
Una funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente reconoció años después que la institución era "supremamente técnica" y no identificó el proceso paramilitar en el Nudo de Paramillo, donde se construyó Urrá. "El contexto real no se tuvo en cuenta", admitió.
Diez años después de la desaparición de Kimy Pernía, resulta evidente el entrelazamiento entre la represa, el pueblo embera, la consulta previa, la licencia ambiental, la violencia y la usurpación de tierras. Un entrelazamiento que, en su momento, pasó desapercibido para la mayoría de los actores estatales.
