Iván Mordisco cierra el paso a organismos humanitarios en zonas bajo su control
El anuncio de Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC), no fue uno más. La decisión de restringir el acceso a organismos humanitarios marcó un nuevo punto en el endurecimiento de su postura y encendió alarmas sobre la protección de la población civil, el acceso a ayuda humanitaria y el monitoreo de violaciones de derechos humanos en áreas bajo su dominio.
Reacciones inmediatas de autoridades nacionales
El 18 de marzo, el EMC comunicó que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a las zonas bajo su control. Las reacciones no han cesado desde entonces. Este jueves 19 de marzo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó firmemente el anuncio. Según Marín, impedir la presencia de estos organismos bloquea el monitoreo de riesgos y deja a las comunidades sin acompañamiento esencial. "En la práctica termina castigando a las comunidades", advirtió.
La funcionaria también señaló que la decisión "vulnera el Derecho Internacional Humanitario", al limitar la labor de protección de la población civil y agravar su situación de vulnerabilidad. Además, alertó que restringir o condicionar el ingreso de organismos humanitarios impide identificar riesgos en los territorios y limita el acceso a la atención para las comunidades.
El pronunciamiento del EMC había hecho, sin presentar pruebas, señalamientos contra la Defensoría. En el comunicado, la disidencia aseguró que esta entidad ha emitido alertas tempranas "manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial", y la acusó de contribuir a la "justificación de operativos militares". Ante esa acusación, Marín insistió en que las gestiones de la Defensoría son "imparciales, independientes y autónomas" y están orientadas a la protección de los derechos humanos en medio del conflicto.
Respuesta del Gobierno nacional y reunión urgente
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció. Este 19 de marzo señaló que a la Defensoría, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la MAPP/OEA "el Gobierno nacional siempre las ha respaldado en su importante labor que han hecho en el país y daremos las garantías necesarias para que continúen con sus labores en las regiones". Además, anunció que se adelantaría una reunión para tomar "las medidas necesarias frente a estos hechos".
El encuentro se llevó a cabo este mismo jueves con la participación de delegados de las organizaciones y del viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón. Durante la reunión, el funcionario hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que faciliten el tránsito de las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y agregó que "el Gobierno nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país".
Posicionamiento de organismos internacionales
Horas antes de la reunión, tanto la MAPP/OEA como la ONU se habían pronunciado. "Las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos", señaló la MAPP/OEA, defendiendo su gestión de 22 años en los territorios.
La Coordinadora Residente y Coordinadora Humanitaria de la ONU emitió un comunicado, expresando que "estas restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil, y limitan la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y de brindar asistencia esencial de manera oportuna". Posteriormente, ONU Derechos Humanos también expresó su preocupación y reiteró su exhortación a todos los grupos armados ilegales a respetar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario.
Antecedentes y contexto de Iván Mordisco
Iván Mordisco fue el primer jefe disidente de las FARC, rompiendo con la antigua guerrilla antes de la firma del acuerdo de paz en 2016. Con más de tres décadas en la guerra, se formó dentro de las FARC en el sur del país, especializándose como francotirador y explosivista. En 2022, el gobierno de Iván Duque lo declaró muerto, pero reapareció meses después, mostrando disposición a dialogar con la política de paz total del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, los ataques contra la población civil no cesaron, y el proceso se rompió tras una escalada de violencia, incluido el ataque del 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca), donde fue asesinada la lideresa indígena Carmelina Yule Paví. La decisión del Gobierno Petro evidenció divisiones internas en el EMC, fracturando al grupo en dos facciones que hoy se enfrentan.
En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura en su contra por el delito de genocidio contra el pueblo indígena nasa, en el norte del Cauca. La disidencia de Mordisco ha sido señalada como responsable de múltiples ataques armados en regiones como Valle del Cauca y Nariño, donde mantiene fuerte presencia y control de economías ilegales como el narcotráfico.
