La infancia truncada por la guerra en Santander
Ángel Parra se unió a la guerrilla siendo apenas un niño, con solo 10 años de edad, cuando la violencia se cernió sobre su hogar en una vereda de Santander. "Eso eran masacres y masacres, una tras otra en el pueblo", recuerda con amargura. En esa época, el pavor se apoderó de su infancia, sin tener a quién contarle sus pesadillas sobre hombres que llegaban de civil y luego aparecían armados, vecinos asesinados y familias que vendían sus tierras a precios irrisorios para huir.
La decisión que cambió su vida para siempre
De esos años, Parra conserva pocos recuerdos, pero tiene vivo el momento exacto en que tomó la decisión que lo sacó de su casa. "Yo me volé de mi casa del miedo que me daba. No era miedo de que me reclutaran. Yo me fui porque pensé que me iban a matar", explica este hombre que hoy tiene 48 años. Salió una mañana y caminó hasta una finca donde encontró a un comandante de las antiguas FARC, quien inicialmente le dijo que regresara a casa porque la zona no era segura para un niño.
Pero Parra fue insistente y logró quedarse, empezando cuidando vacas y trayendo leña. Sin embargo, la guerra avanza incluso cuando parece suspendida. A los 11 años ya tenía entrenamiento militar y entendía las duras reglas del conflicto. Con los años, dejó de ser el niño que jugaba con un revólver que no comprendía y se convirtió en parte de la guerrilla que por más de 50 años atacó al país.
La condena y el largo camino judicial
Operando en Santander, zona de fuerte presencia guerrillera, Parra participó en acciones armadas que llevaron a la justicia a condenarlo por delitos atroces: homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, rebelión y porte ilegal de armas. "Me volví como los hombres que aparecían en mis sueños", confiesa en voz baja. Una década después fue capturado y pasó 25 años en prisión, saliendo en noviembre de 2025, casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz.
Durante años, luchó sin éxito para que su caso fuera reconocido dentro del nuevo marco jurídico de la paz. "Fue un proceso muy largo y adverso", explica su abogado Juan David Bonilla. "Durante años la JEP negó siquiera estudiar el caso porque, según los expedientes de la justicia ordinaria, no estaba claro que hubiera sido miembro de las FARC. Ni siquiera lo escucharon".
Los obstáculos en la justicia transicional
El Acuerdo de Paz redefinió la forma de juzgar a los excombatientes, abriendo la puerta a beneficios como amnistías, tratos penales diferenciados o libertades condicionadas bajo la tutela de la JEP. Sin embargo, en la práctica, este tránsito ha sido irregular y difícil de medir con precisión. Para 2024, más de 500 personas privadas de la libertad aparecían en registros asociados al proceso de paz como presuntos miembros de las antiguas FARC, aunque muchos perpetraron hechos después del acuerdo.
Al depurar los casos por hechos anteriores al pacto de La Habana, el universo se reduce a unas 270 personas. Aun así, no hay una cifra clara de cuántas deberían acceder efectivamente a esos beneficios, dependiendo de factores como la acreditación de pertenencia a las FARC y la relación de los delitos con el conflicto.
El problema de la acreditación y los expedientes
Como explica el investigador Gerson Arias de la Fundación Acordemos, hubo varios problemas desde el origen de los listados de excombatientes. "Había personas sobre las que no había suficiente información en los expedientes judiciales para confirmar su pertenencia, y quedaron en una especie de limbo", afirma. Estos listados en "observación" se convirtieron en uno de los cuellos de botella del sistema.
En el caso de Parra, uno de los principales obstáculos fue que en los procesos judiciales aparecía vinculado al EPL (Ejército Popular de Liberación) en lugar de a las FARC. "Yo sí estaba haciendo inteligencia con ellos, pero era porque estábamos por hacer una operación conjunta", explica Parra. "Cuando me capturaron asumieron que era del EPL y no, yo era de las FARC, pero imagínese uno en 1998 decir eso. Opté por quedarme callado".
El giro judicial y la lucha por la libertad
El cambio llegó en 2024 cuando la JEP empezó a valorar no solo los expedientes, sino también pruebas de contexto, testimonios y reconstrucciones territoriales. Además, Parra finalmente fue acreditado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz como exintegrante de las FARC, lo que permitió reabrir su caso.
La magistrada de la JEP Diana Vega activó medidas cautelares y ordenó revisar su situación de manera integral. Sin embargo, como explica la magistrada Xiomara Balanta, la JEP ha detectado problemas estructurales con expedientes dispersos, antiguos e incompletos. "Uno pide los procesos y no es tan fácil encontrarlos. A veces es literalmente una bodega y dicen: 'Ahí está el expediente'", señala Balanta.
La libertad fragmentada y los nuevos desafíos
La salida de la cárcel de Parra no fue inmediata. Cuando obtuvo una primera medida de libertad, aparecieron procesos que nadie conocía, tres expedientes en total que no figuraban en los registros. "Ni siquiera estaban en ejecución de penas. Estaban en un limbo administrativo", explica su abogado. Cada expediente implicó nuevos recursos legales, haciendo que su liberación fuera "como salir por partes".
Finalmente, tras meses de trámites y de reconstruir su historia judicial fragmentada, la JEP ordenó su libertad. Parra lleva cuatro meses fuera de la cárcel, intentando rehacer su vida en libertad. Sin embargo, enfrenta múltiples desafíos: no tiene un trabajo estable, vive en gran parte de los apoyos del proceso de reincorporación que no siempre llegan completos, y ha tenido dificultades para acceder a su tratamiento médico para la leucemia mieloide crónica que padece.
La reincorporación: promesas y realidades
Parra habla del sentido mismo de la reincorporación: "No sé qué está pasando. No sé por qué no miramos todos como sociedad el beneficio tan grande que es que haya gente que estamos apostando a esto. Es un paso para dejarnos de matar". A pesar de los obstáculos, insiste en que no piensa volver atrás y reconoce que su salida no fue solo resultado de su propio proceso, agradeciendo al partido Comunes y a Rodrigo Granda por su apoyo.
Su historia, como la de muchos otros excombatientes, no termina con la salida de la cárcel. Apenas cambia de escenario, evidenciando la distancia que todavía existe entre lo que prometió el Acuerdo de Paz y lo que ocurre en la vida diaria. En ese espacio se juega, en buena parte, lo que significa realmente dejar la guerra atrás.
