Operativo masivo en Guatemala rescata a 160 menores de comunidad Lev Tahor
La comunidad judía ultraortodoxa Lev Tahor, establecida en Guatemala desde hace más de una década, fue escenario de un enorme operativo policial el 20 de diciembre de 2024. En la aldea El Amatillo, departamento de Santa Rosa, más de 400 agentes de la Policía Nacional Civil, junto a fiscales, militares y perros entrenados, intervinieron para rescatar a 160 niñas, niños y adolescentes por presuntas agresiones sexuales dentro del grupo.
Denuncias previas y resistencia de la comunidad
Según Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, durante 2024 recibieron aproximadamente 20 denuncias anónimas contra miembros de Lev Tahor, incluyendo acusaciones de violencia contra menores, embarazos en niñas y matrimonios forzados. Las autoridades realizaron 18 exhibiciones personales previas al operativo, pero los miembros de la comunidad no colaboraron, impidiendo verificar la veracidad de las denuncias.
El operativo se activó tras la denuncia de cuatro adolescentes que escaparon de la agrupación, quienes acusaron a un salvadoreño de 24 años, identificado como presunto líder de Lev Tahor en Guatemala, de delitos sexuales. Una perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó signos físicos de abuso sexual en uno de los menores, incluyendo lesiones con un palo de escoba.
Desarrollo controvertido del rescate
Durante la intervención, los adultos de Lev Tahor se negaron a proporcionar información sobre la identidad de los menores y, según el Ministerio Público, comenzaron a danzar, gritar y cantar para obstaculizar la verificación de su estado de salud. Ante la resistencia, las autoridades utilizaron fuerza pública para separar a los varones adultos de las mujeres y niños, trasladando a 205 personas a instalaciones estatales.
Sin embargo, el allanamiento no encontró material ilícito como pornografía infantil, solo documentos simples y equivalentes a 100 dólares en moneda local. El presunto líder fue capturado días después en El Salvador, extraditado a Guatemala y permanece en prisión preventiva por maltrato y violación contra menores.
Violencia durante la institucionalización
Los 160 menores y mujeres adultas fueron llevados a hogares de la Secretaría de Bienestar Social, donde enfrentaron episodios de violencia. Los niños protestaron por la comida, ya que, según sus creencias kosher, rechazaban los alimentos proporcionados. La SBS reportó que, durante tres noches, los miembros de Lev Tahor destruyeron muebles y atacaron al personal, lo que llevó a las autoridades a rociar gases lacrimógenos.
Posteriormente, las madres fueron desalojadas de Casa Nuestras Raíces y los menores enviados a diferentes albergues. Una fuente anónima del juzgado reveló que durante el desalojo se confundió a adolescentes con adultas, sacándolas por la fuerza. La subsecretaria María José Ortiz Samayoa justificó el desalojo por una interceptación de comunicaciones de Estados Unidos que sugería que las madres podrían envenenar a sus hijos, aunque la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura negó tener conocimiento de tal denuncia.
Acusaciones de abuso en centros estatales
El abogado de las familias, Darío Vásquez Pérez, presentó denuncias en febrero de 2025 ante la Fiscalía contra la Trata de Personas, acusando a trabajadores de la SBS de abusar sexualmente de un niño de 11 años y un adolescente de 15 años. La subsecretaria Ortiz Samayoa negó estas versiones, afirmando que no existen denuncias concretas y, por tanto, no se han iniciado procesos administrativos.
Impacto en los menores y críticas a las autoridades
Anally Maldonado, coordinadora de Conacmi, criticó que durante la institucionalización no se respetó la dieta e identidad cultural de los menores, lo que llevó a su criminalización y separación familiar durante meses. Los niños mostraron síntomas de depresión, afectando su salud mental. Esta investigación periodística de Nuestras Historias, CONNECTAS, Plaza Pública, Ruda y Prensa Comunitaria cuestiona si hubo excesos y negligencia por parte de las autoridades guatemaltecas, dejando a los menores atrapados en disputas legales, religiosas y políticas.
