Hallan rastros de sangre en prueba forense de Escuela de Logística del Ejército en Bogotá
Rastros de sangre en prueba forense de Escuela Logística del Ejército

Hallazgo forense en Escuela de Logística del Ejército revela rastros de sangre humana

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) dio a conocer un hallazgo forense de gran relevancia en el marco de las investigaciones sobre desapariciones forzadas durante el conflicto armado colombiano. Según informó la organización, Medicina Legal confirmó la presencia de sangre humana en uno de los elementos materiales probatorios que permanecía enterrado al interior de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, ubicada en la localidad de San Cristóbal en Bogotá.

Violación a medidas cautelares de la JEP

Este descubrimiento se produce en un contexto particularmente delicado, pues la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene medidas cautelares en este batallón para proteger posibles sitios de interés forense. Sin embargo, el año pasado se registró una excavación ilegal realizada por miembros de la Fuerza Pública que extrajo elementos de prueba de manera irregular, en clara violación al debido proceso y a las órdenes judiciales.

"Este hecho refuerza la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar", señaló el Cajar en su comunicado. La organización logró que la JEP recuperara los elementos sustraídos, pero el daño al proceso investigativo ya estaba hecho.

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La pregunta sobre Pedro Julio Movilla

Ante la evidencia de restos biológicos en el lugar, el Cajar, que representa a la familia de Pedro Julio Movilla, planteó una pregunta directa al Estado colombiano: "¿Se encontraba allí inhumado Pedro Julio Movilla?". El dirigente sindical y militante del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista desapareció el 13 de mayo de 1993 cuando se dirigía a recoger a su hija en un colegio bogotano.

El caso Movilla tiene antecedentes judiciales significativos. En septiembre de 2022, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por omisión en la investigación de su desaparición y por no implementar un plan de búsqueda efectivo. Durante el proceso se estableció que, para la época de los hechos, Movilla era objeto de seguimiento por parte de la inteligencia del Ejército Nacional.

Incidente de desacato y conexiones con otros casos

La gravedad de la excavación ilegal llevó a la JEP a abrir un incidente de desacato contra el sargento viceprimero Ronald Durán Páez y los soldados profesionales Brahian Andrés Villa Díaz y Johan Fernando Miranda Casas, por presuntamente alterar lugares de inhumación. Estas instalaciones militares no solo están vinculadas al caso Movilla, sino que también son investigadas por la justicia ordinaria en relación con desapariciones del Palacio de Justicia, incluyendo la de Irma Franco, única guerrillera del M-19 que sobrevivió al hecho.

Además, este lugar ha sido señalado como uno de los centros de tortura durante lo que se conoce como el holocausto del Palacio de Justicia, añadiendo capas de complejidad histórica a las investigaciones actuales.

Exigencias del Cajar al gobierno nacional

Yessika Hoyos, abogada del Cajar, exigió a las autoridades nacionales que "no vuelva a permitir que se siga violando esa medida cautelar". La representante legal formuló preguntas cruciales: "¿Qué restos estaban allí inhumados? ¿Se llevaron el cuerpo de Pedro Movilla para que los familiares no lo encontraran?".

Desde la organización también se solicitó al presidente Gustavo Petro que la zona sea declarada un lugar de memoria, lo que implicaría que ninguna instalación militar continuaría operando allí. Esta petición busca transformar un espacio asociado con violaciones a derechos humanos en un sitio de reconocimiento y reparación para las víctimas.

El hallazgo forense reabre heridas del conflicto armado colombiano y plantea serios interrogantes sobre la transparencia de las instituciones militares en procesos de búsqueda de desaparecidos. La confirmación de sangre humana en elementos probatorios sustraídos ilegalmente representa un nuevo capítulo en la larga lucha por verdad, justicia y reparación para miles de familias colombianas.

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