Víctimas en Bucaramanga denuncian revictimización en caso de violencia por prejuicio
Aunque el acusado Miguel Ángel Corredor Guzmán aceptó cargos, los sobrevivientes del caso aseguran que la justicia sigue ignorando posibles violencias por prejuicio, fallas institucionales y barreras para atender a hombres gais y personas de la diversidad sexual en Bucaramanga. La discusión trasciende una simple condena y se centra en cómo el sistema judicial nombra, o se niega a nombrar, un patrón de violencia que atraviesa cuerpos, afectos y prejuicios.
Un patrón que va más allá del hurto
En la solicitud de representación judicial con enfoque diferencial enviada a la Defensoría del Pueblo, Ángel de Jesús Carreño Álvarez pidió que el caso fuera entendido como el de ocho víctimas sobrevivientes de un patrón sistemático de violencia que trasciende el ámbito patrimonial. El documento menciona posibles casos de violencia por prejuicio, sumisión química, violencia sexual y puesta en peligro de la vida, además de perfilamiento digital selectivo y aprovechamiento de espacios de socialización LGBTI para seleccionar a las víctimas.
Para las víctimas, tipificar simplemente como robo cambia el tamaño del daño, despegándolo del miedo, trauma, dimensión sexual y sesgo en la elección de víctimas. "Mi cabeza también es un ejercicio de supervivencia", explica Jhon Alexander Barreto Guerra, una persona no binaria que acompañó el proceso, al describir cómo los recuerdos regresan fragmentados al revivir el caso.
Fallas institucionales y revictimización
Las víctimas denuncian mecanismos clásicos de revictimización, donde el foco se desplaza del agresor hacia las decisiones de la víctima. Anderson Rojas, psicólogo y activista LGBTIQ+, plantea que plataformas como Grindr, Tinder o Scorp no pueden reducirse a una caricatura de riesgo, pues para muchos hombres gays funcionan como espacios de encuentro, exploración y refugio frente al estigma.
Rojas añade que estas mismas plataformas son usadas en estrategias de salud sexual para acercar pruebas de VIH, condones y acompañamiento. Convertirlas en chivo expiatorio solo desplaza la mirada de donde debería estar: en la violencia ejercida y en la respuesta del Estado.
Contexto de violencia en Colombia
Las cifras disponibles muestran que la violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia no es marginal:
- La Defensoría del Pueblo reportó 286 casos de violencia contra población diversa entre enero y mayo de 2024.
- Colombia Diversa documentó 159 asesinatos de personas LGBTIQ+ en 2023, con 60 víctimas hombres gays y 45 mujeres trans.
- En amenazas, registraron 203 casos en 2023, un aumento del 12,1% frente a 2022.
Bucaramanga cuenta con la política pública OSIGD 2022-2032, que reconoce la persistencia de violencias físicas, psicológicas y sexuales contra esta población. Además, desde marzo de 2025, Colombia implementa el CONPES 4147, política nacional para garantizar derechos de la población LGBTIQ+.
Testimonios de las víctimas
Jhon Alexander Barreto Guerra relató que el 4 de junio de 2023, tras una interacción por Grindr, recibió en su apartamento a un hombre que le ofreció un chocolate. Después perdió el conocimiento gradualmente y despertó horas más tarde con dificultades, descubriendo el robo de pertenencias como un iPad. Subrayó que lo más difícil fueron las secuelas: problemas de confianza, ansiedad y necesidad de retomar terapia.
Ángel de Jesús Carreño Álvarez, de 49 años, contó que en mayo de 2023 conoció a un hombre por Badoo y, durante el encuentro, le suministraron un narcótico que lo dejó más de 19 horas en indefensión. Denunció fallas institucionales: en urgencias no le practicaron examen corporal completo ni prueba toxicológica, y en la Fiscalía no le recibieron la denuncia inmediatamente.
Una tercera víctima que pidió reserva de identidad narró que conoció al agresor por Tinder, perdió la conciencia tras consumir un chocolate y despertó desnudo, con robos de celular, portátil y joyas. Asegura que la Fiscalía no recibió su denuncia de inmediato y que, por miedo, no acudió a Medicina Legal.
Alerta sobre respuesta institucional
Diego Ruiz Thorrens, director de ConPazes, alertó que en Santander persiste una respuesta institucional que desconoce el enfoque de género y diversidad sexual. "La justicia desconoce y tristemente no aplica el enfoque de género y de diversidad sexual. Al contrario, sí aplica la revictimización", afirmó.
Ruiz señaló que los afectados no estarían solo en Bucaramanga, con al menos dos casos en San Gil, y cuestionó que la carga de probar el daño recaiga sobre las víctimas. Propuso fortalecer campañas de prevención y rutas de denuncia accesibles, pues los protocolos existentes suelen estar pensados principalmente para mujeres, no para hombres que tienen sexo con hombres.
El verdadero debate apenas empieza: qué hace la justicia cuando una serie de agresiones revela no solo un posible agresor, sino un sistema de vulnerabilidades que afecta a quienes buscan afecto en espacios donde el anonimato es refugio.
