Fallo judicial cierra puerta a información sobre mujeres desaparecidas en Colombia
En una decisión que ha generado controversia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó el pasado 27 de marzo de 2026 el recurso de insistencia presentado por la Fundación Hasta Encontrarlos contra el Instituto Nacional de Medicina Legal. La organización buscaba obtener información actualizada y detallada sobre mujeres desaparecidas en el país desde el año 1937 hasta la actualidad.
El tribunal determinó que Medicina Legal "negó bien" la solicitud original de información y declaró improcedente la insistencia de la fundación. Sin embargo, esta decisión no fue unánime, generando un importante disenso dentro del órgano judicial.
Salvamento de voto histórico cita la Ley Alerta Rosa
La magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides presentó un salvamento de voto que podría marcar un precedente en la lucha por el acceso a información sobre desapariciones. En su argumentación, la magistrada citó específicamente el artículo 9.4 de la Ley 2326 de 2023, conocida como Ley Alerta Rosa.
"Considero que la Ley Alerta Rosa consagró una regla de autorización de acceso a los datos solicitados que es más amplia", señaló Chamorro Benavides en su escrito. La norma establece que "toda persona, asociación u organización con un interés legítimo tiene derecho a participar en la búsqueda y acceder a información periódica y permanente" sobre medidas adoptadas para encontrar a mujeres desaparecidas.
La magistrada argumentó que lo que subyace en este caso es el derecho fundamental de las familias y la sociedad a que los cuerpos sean identificados y entregados, sin que esto cause daño a derechos como la vida, seguridad o intimidad.
La información solicitada: un panorama completo de la desaparición femenina
La Fundación Hasta Encontrarlos había solicitado información extremadamente detallada que incluye:
- Actualización completa de datos sobre mujeres reportadas desaparecidas desde 1937 hasta enero de 2026
- Discriminación por año, tipo de modalidad de desaparición, estado actual (desaparecida, hallada viva o muerta)
- Lugar de desaparición y, cuando sea posible, nombre y fotografía de cada mujer
- Información específica sobre desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado
- Datos sobre los 50 municipios con mayor número de casos
- Información sobre mujeres colombianas desaparecidas fuera del territorio nacional
Además, la fundación solicitó detalles sobre cadáveres identificados, cuerpos entregados a familiares, y adecuaciones en los sistemas de información frente a la implementación de la Ley Alerta Rosa y la Ley de Mujeres Buscadoras.
Cifras alarmantes revelan dimensión del problema
Según el análisis presentado por la fundación, basado en información de sistemas como SIRDEC, RND, HOPE y Life:
- Al 20 de enero de 2026, se reportaban 51.522 mujeres desaparecidas desde 1937
- 37.834 mujeres seguían desaparecidas según consultas recientes
- Aproximadamente 11.000 desapariciones ocurrieron después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016
- Los sistemas muestran inconsistencias: mientras algunas fuentes indican 51.522 casos, otras elevan la cifra a 67.773
Las regiones con mayor número de reportes son Bogotá, seguida de Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Norte de Santander y Cundinamarca. El rango de edad más afectado es de 12 a 17 años, seguido por mujeres de 18 a 28 años.
Historias detrás de las cifras: nombres que no deben olvidarse
La fundación destacó casos emblemáticos que permanecen sin resolver:
- Ana Cecilia Novoa Gutiérrez, primera mujer identificada públicamente como desaparecida desde 1957
- María Blanca Luz Cuartas Castañeda, primera presunta desaparición forzada reportada en 1967
- Omayra Del Socorro Montoya Henao, primer caso de mujer detenida-desaparecida por agentes del Estado en 1977
Todas estas mujeres continúan desaparecidas según los registros consultados en los sistemas de Medicina Legal.
Un llamado a la acción colectiva
Pablo Cala, filósofo y defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos, enfatizó: "Las mujeres desaparecidas no son solamente un dato, una cifra, son historias, nombres y rostros, proyectos de vida". La organización insiste en que hacer públicos nombres y fotografías es fundamental para saber a quiénes buscar.
El salvamento de voto de la magistrada Chamorro Benavides deja una puerta abierta para futuras acciones legales y subraya la necesidad de que la Política Pública de Búsqueda y Prevención de la Desaparición Forzada, actualmente en formulación por el Sistema Nacional de Búsqueda, comprenda la urgencia de acceder a información básica como nombres y rostros para localizar a las desaparecidas.
La desaparición forzada de mujeres continúa siendo un crimen persistente en Colombia que requiere medidas concretas de prevención, visibilización y, sobre todo, acceso a información que permita acciones efectivas de búsqueda. Como señala la fundación: ¡La búsqueda es deber de toda la sociedad!
