529 víctimas del conflicto esperan justicia en el Magdalena Medio
Después de casi tres décadas de impunidad, 529 víctimas de la toma paramilitar de Barrancabermeja recibieron este jueves un anuncio histórico: antes de junio de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelará los nombres de los exmilitares, expolicías y exfuncionarios de Ecopetrol considerados máximos responsables de las masacres, desapariciones y asesinatos selectivos que convirtieron al Magdalena Medio en uno de los territorios más violentos del conflicto armado colombiano entre 1998 y 2000.
Un anuncio esperado por décadas
La magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, hizo el anuncio al cierre de la audiencia pública realizada el 27 y 28 de febrero en Barrancabermeja, donde las víctimas acreditadas presentaron sus observaciones finales ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. "La investigación está prácticamente terminada", afirmó Díaz, señalando que lo que sigue es exclusivamente decisión judicial.
La JEP ha acreditado más de 2.200 víctimas individuales y 97 sujetos colectivos en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por antiguos integrantes de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares en cinco territorios del país, siendo el Magdalena Medio uno de los subcasos prioritarios.
Una investigación que va más allá de lo militar
El período investigado corresponde a lo que se conoce como la toma paramilitar de Barrancabermeja: un proceso sistemático de incursión, consolidación y control armado que tuvo como blanco a la población civil, sindicalistas, líderes sociales y familiares de víctimas que reclamaban justicia.
Lo que distingue esta investigación es que la JEP pone en el centro la responsabilidad de funcionarios de Ecopetrol como posibles integrantes de la alianza criminal. Siendo Barrancabermeja la capital petrolera del país y sede histórica de la Unión Sindical Obrera (USO), esta línea investigativa tiene una dimensión institucional y económica que trasciende el ámbito puramente militar.
La magistrada Díaz fue directa al respecto: la justicia de Justicia y Paz esclareció la responsabilidad de los paramilitares, pero investigó muy poco a los agentes del Estado. Las 205 compulsas de copias enviadas a la Fiscalía sobre hechos en Barrancabermeja "no tuvieron mayor efecto". Ese vacío es el que la JEP está llenando ahora.
Los hechos bajo investigación
Más allá de las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, que se convirtieron en referentes nacionales e internacionales de la violencia paramilitar, la JEP ha identificado más de 16 hechos representativos adicionales:
- La masacre del 1 y 2 de agosto de 1998, en la que fueron asesinadas 12 personas
- La masacre del 4 de octubre de 2000, en la que murieron seis personas incluidos dos niños
- La toma del barrio Primero de Mayo en diciembre de 2000
- Asesinatos selectivos de familiares de víctimas que buscaban justicia, como María Yesenia Amaya y Elizabeth Cañas
Estos casos ilustran un patrón de persecución contra quienes se atrevían a reclamar justicia en medio del conflicto.
Un proceso de investigación exhaustivo
Para construir esta investigación, la Sala ha revisado miles de documentos de:
- Los archivos de la Quinta Brigada del Ejército
- El Batallón de Inteligencia N.º 2
- El Batallón de Contraguerrillas N.º 45
- El Comando Operativo Especial del Magdalena Medio de la Policía
- El archivo de Ecopetrol
La JEP ha escuchado en versión voluntaria a 450 antiguos integrantes del Ejército, la Policía, la Armada y el DAS en el marco del Caso 08, y específicamente a 35 comparecientes entre octubre de 2023 y febrero de 2026.
Un precedente histórico: el río Magdalena como víctima
En mayo de 2025, la JEP acreditó al río Magdalena como víctima del conflicto armado, reconociendo los impactos sociales y ambientales derivados de la violencia y el control armado en la región. Este hecho jurídico sin precedentes en Colombia condensa, en términos simbólicos, la magnitud del daño causado a un territorio entero.
¿Qué sigue en el proceso?
Concluida la audiencia de observaciones de las víctimas, la Sala de Reconocimiento de Verdad avanzará en la contrastación final de todo el acervo probatorio. Cuando emita el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, los responsables seleccionados tendrán que decidir:
- Reconocer su responsabilidad y acceder a una sanción restaurativa
- Negar los hechos y enfrentar el proceso adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP
Para las 529 víctimas que esperan desde hace 28 años, este anuncio representa la posibilidad concreta de que finalmente se conozca la verdad sobre quiénes dieron las órdenes que transformaron sus vidas y su territorio.
