Víctimas del conflicto en Urabá exigen que multa millonaria a Puerto Pisisí sea su compensación
La polémica entre las víctimas del conflicto armado en la región del Urabá antioqueño y el proyecto Puerto Pisisí continúa sin tregua. Los representantes de las personas afectadas por décadas de violencia han realizado una solicitud formal a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que los $14.286 millones impuestos como multa al proyecto portuario sean destinados íntegramente a la indemnización de las familias despojadas.
Una multa que podría transformarse en reparación
Recientemente, la ANI sancionó a Puerto Pisisí con esta considerable suma por incumplimientos contractuales en el desarrollo del proyecto. Aunque el proceso administrativo no ha concluido definitivamente, pues la empresa ha presentado recursos frente a esta sanción, las víctimas han visto en esta multa una oportunidad histórica para obtener justicia reparadora.
El abogado Gerardo Vega, representante de la Fundación Forjando Futuros, explicó detalladamente el alcance de esta petición: "Hemos presentado formalmente ante la ANI que ese recurso económico proveniente de la multa debe ser destinado a compensar a las víctimas por el incumplimiento que ha tenido Pisisí con estas familias". La solicitud busca específicamente beneficiar a aquellas familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio contra la Unión Patriótica durante los años más cruentos del conflicto.
Preocupaciones adicionales sobre conflictos de interés
La Fundación Forjando Futuros ha alertado sobre una situación particularmente preocupante: el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí, Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la misma Agencia Nacional de Infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante ese periodo, sus funciones estaban directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias, lo que genera interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la supervisión del proyecto.
Los representantes de las víctimas han reiterado con firmeza su llamado a la ANI para que:
- Adopte decisiones que prioricen la compensación efectiva de las víctimas
- Garantice que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora
- Establezca mecanismos transparentes especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras
Esta solicitud representa un precedente significativo en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas por la violencia en el Urabá antioqueño, donde el despojo de tierras ha dejado heridas profundas que requieren atención urgente y soluciones concretas por parte de las instituciones del Estado.
