8 de marzo: ¿Celebración o rendición de cuentas sobre violencia de género?
El Día Internacional de la Mujer llega una vez más en medio de una campaña electoral presidencial en Colombia, pero detrás de los anuncios y discursos políticos persiste una realidad cruda: la violencia de género continúa cobrando víctimas, marcando estadísticas alarmantes y evidenciando la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres.
Estadísticas que estremecen
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela cifras dramáticas para el año 2025:
- Más de 15.000 casos de delitos sexuales
- 151 casos de explotación sexual de niños y niñas
- Para enero de 2026 ya se contabilizan 1.901 víctimas
Pero estas cifras representan más que números fríos: reflejan un entramado social de exclusión, marginación y violencia sistemática. La falta de un sistema estatal unificado para caracterizar casos y hacer seguimiento agrava el problema, generando incluso discrepancias en las estadísticas oficiales.
La respuesta estatal: insuficiente y fragmentada
A pesar de los avances de la Ley 1761 (Rosa Elvira Cely), el Estado colombiano ha demostrado negligencia histórica en la atención a víctimas de violencia de género. Las organizaciones de mujeres y feministas han reclamado durante años:
- Garantías efectivas de investigación y judicialización
- Protección para denunciantes y sus familias
- Medidas estructurales y punitivas para la no repetición
- Acciones transformativas, formativas y educativas
Sin embargo, como destaca la investigación de Ana Patricia Pabón, las alertas tempranas, intervenciones estatales y acciones de divulgación siguen siendo insuficientes.
El discurso político frente a la realidad
En el contexto electoral actual, los precandidatos presidenciales han abordado el tema de manera diversa pero generalmente superficial:
Sergio Fajardo ha propuesto declarar el 8 de agosto como prioridad nacional para enfrentar esta violencia, enfatizando la necesidad de romper estereotipos y asumir responsabilidad colectiva.
Los precandidatos del Centro Democrático han condenado públicamente la violencia de género, enfocándose particularmente en casos de acoso y ataques sexistas contra sus candidatas. Paloma Valencia, precandidata presidencial del partido, ha recibido apoyo tras sufrir agresiones simbólicas.
El Pacto Histórico enfatiza reformas estructurales y culturales más amplias. Iván Cepeda esboza una "revolución ética" que combata el patriarcado, el racismo y la exclusión como raíces de la degradación moral y la violencia estructural.
Un llamado a la acción real
Más allá de los discursos políticos, la realidad sigue siendo implacable: la violencia de género continúa cobrando víctimas, marcando estadísticas y tiñendo de impunidad e ineficacia las instituciones estatales.
El 8 de marzo debería instituirse no solo como una celebración, sino como una rendición de cuentas obligatoria frente a las violencias de género. Se requieren propuestas concretas y viables, no solo declaraciones de intenciones.
La docente investigadora Doria Constanza Liscano del Politécnico Grancolombiano plantea una reflexión urgente: mientras el Estado no articule acciones transformativas reales y los aspirantes presidenciales no presenten planes específicos y financiados, las mujeres colombianas seguirán enfrentando un sistema que las falla sistemáticamente.
