Colombia implementa guía técnica para prevenir feminicidios con evaluación estructurada
El Ministerio de Justicia de Colombia ha lanzado un instrumento técnico diseñado específicamente para identificar señales tempranas de riesgo y mejorar sustancialmente la protección de mujeres en peligro de feminicidio. Esta herramienta, formalizada mediante la Resolución 0362 del 5 de marzo de 2026, representa un cambio fundamental en cómo las autoridades colombianas deben abordar la violencia de género en contextos familiares.
Un contexto alarmante que exige acción inmediata
Las cifras que motivaron esta iniciativa son profundamente preocupantes. Entre los años 2016 y 2025, Colombia registró 1.373 feminicidios consumados y 3.056 tentativas, con el punto más crítico alcanzado en 2024 cuando el país llegó a registrar un feminicidio cada 24 horas. Este dato constituye el peor registro en años recientes y subraya la urgencia de medidas efectivas de prevención.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta que, durante esa misma década, cuatro de cada diez valoraciones de riesgo de feminicidio identificaron como mecanismo causal más frecuente el uso de armas cortopunzantes. Estos datos confirman que muchos casos ocurren en contextos domésticos o cercanos, donde las relaciones de poder y control se ejercen de manera sistemática.
De la discrecionalidad a la evaluación estructurada
Hasta la implementación de esta guía, la ausencia de criterios técnicos unificados dejaba la valoración del riesgo a la discrecionalidad de cada funcionario, generando inconsistencias y fallas en la protección. La nueva herramienta permite identificar señales de peligro a partir de cuatro ejes fundamentales de valoración: antecedentes de violencia documentados, conductas de control y dominación, amenazas explícitas o implícitas, y la percepción de riesgo de la mujer afectada, junto con cambios recientes en la dinámica de la relación.
"La valoración del riesgo de feminicidio se consolida como una estrategia clave para prevenir estos hechos, identificar oportunamente a las mujeres en mayor situación de riesgo y activar respuestas institucionales eficaces", destaca el manual presentado por el Ministerio de Justicia.
Mecanismos diferenciados según el tipo de relación
La guía abandona las evaluaciones genéricas y ordena aplicar tres formatos diferenciados según el vínculo entre la víctima y el agresor:
- FIR-R: Diseñado para casos de violencia en parejas o exparejas heterosexuales, clasifica el riesgo en niveles bajo, moderado o alto mediante 22 preguntas específicas.
- DA-R: Aplica exclusivamente para parejas conformadas por mujeres, incorporando variables específicas como el estigma social y las barreras particulares que enfrentan al buscar ayuda.
- C2: Evalúa el riesgo en relaciones de cohabitación y cuidado, como familiares que comparten vivienda o personas a cargo del cuidado de la mujer.
Reducción de la revictimización institucional
Uno de los avances más significativos que promete esta herramienta es la reducción de la revictimización que sufren las mujeres al tener que narrar repetidamente su historia en cada entidad a la que acuden. El nuevo protocolo permite que la valoración del riesgo sea compartida directamente entre Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, unificando criterios y evitando que la información se pierda entre dependencias.
Investigaciones de la Defensoría del Pueblo habían advertido previamente que la omisión en la valoración del riesgo y la demora en la adopción de medidas urgentes constituían barreras significativas para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias basadas en género.
Una construcción colectiva con enfoque multidisciplinario
La guía fue desarrollada mediante un proceso participativo que integró conocimientos de criminología, psicología, trabajo social, derecho y salud pública. Su construcción incluyó seis mesas técnicas con entidades como el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Igualdad, entre otras.
Además, se realizó un estudio piloto en ciudades con altas tasas de feminicidio, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Popayán, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Tumaco y Apartadó. Posteriormente, se efectuó una prueba de campo en comisarías de familia de todo el país para evaluar la aplicabilidad del instrumento, la interpretación de resultados y su viabilidad técnica.
Este instrumento se enmarca dentro de los esfuerzos por fortalecer las medidas de prevención, protección y judicialización previstas en el marco normativo colombiano, particularmente desde la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como delito autónomo en el país.
