La maquinaria de vigilancia venezolana sobrevive al cambio de gobierno
La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses no significó el desmantelamiento del aparato de control político en Venezuela. Contrario a lo esperado, la infraestructura de vigilancia estatal permanece intacta y operativa bajo la administración de la líder encargada Delcy Rodríguez, según documenta un informe conjunto de Ve sin Filtro, Conexión Segura y Libre y el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council.
Inversión millonaria en tecnología de control
El reporte detalla una inversión superior a los 1.000 millones de dólares en tecnologías de vigilancia, destinadas principalmente al control político más que a la seguridad ciudadana. Esta red se sustenta en proveedores chinos como CEIEC, Hikvision y Dahua, que han suministrado sistemas de circuito cerrado de televisión con capacidades avanzadas de reconocimiento facial y detección de matrículas, potenciados por inteligencia artificial.
Solo en el segundo semestre de 2025, el número de cámaras operativas en el país aumentó casi un 80 por ciento, alcanzando las 7.000 unidades bajo la gestión de Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior. Estas cámaras están integradas al sistema VEN911, permitiendo a servicios de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM identificar y localizar a disidentes en tiempo real.
Vulnerabilidad en múltiples capas
La represión en Venezuela no depende de una sola herramienta, sino de lo que el informe describe como una "vulnerabilidad en varias capas":
- Infraestructura de videovigilancia: El sistema de cámaras CCTV ha evolucionado de herramienta de seguridad pública a arma de control político, utilizando inteligencia artificial para reconocimiento facial y de matrículas sin supervisión judicial.
- Drones y monitoreo de movimiento: Las fuerzas de seguridad emplean drones comerciales y avanzados para vigilancia y guerra psicológica, especialmente en zonas residenciales de la oposición.
- Aplicaciones impulsadas por el Estado: El "Sistema Patria" funciona como plataforma de extracción masiva de datos, mientras VenApp facilita la delación ciudadana de actividades críticas al gobierno.
- Ciberpatrullaje y redes sociales: Los servicios de inteligencia coordinan una maquinaria de persecución digital que criminaliza la expresión en línea, como demuestra la "Operación Tun Tun".
- Intercepción de telecomunicaciones: Existe vigilancia a escala industrial que excede fines criminales legítimos, con cientos de miles de líneas intervenidas a través de la infraestructura de CANTV.
- Ciberataques e infiltraciones estatales: El Estado impulsa ataques sofisticados como campañas de phishing contra iniciativas opositoras y uso de software espía como FinFisher.
- Registros e incautaciones sin orden judicial: La revisión forzosa de teléfonos móviles en aeropuertos y alcabalas se ha normalizado para intimidación y extorsión económica.
La normalización del miedo y la autovigilancia
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el impacto social de esta infraestructura. La práctica generalizada de revisar teléfonos móviles sin orden judicial -a menudo acompañada de extorsiones en dólares o Zelle- ha forzado a la población a una "autovigilancia" constante.
"Saber que las fuerzas de seguridad vigilan los espacios públicos tiene un profundo efecto inhibidor", señala el documento. Activistas de base han tenido que reducir sus reuniones, limitar el uso de móviles y aplicar estricta autocensura para sobrevivir en un entorno donde una opinión en redes sociales puede derivar en cargos de "incitación al odio".
Medidas cosméticas y advertencia final
Pese a algunas medidas que el informe califica de cosméticas -como la disolución del CESPPA (centro de coordinación de inteligencia con influencia cubana e iraní) en febrero de 2026-, el aparato represivo digital sigue "plenamente operativo".
El informe concluye con una advertencia clara: una auténtica transición democrática en Venezuela requiere mucho más que un cambio de liderazgo; exige el desmantelamiento deliberado de esta infraestructura de vigilancia que hoy, meses después de la caída de Maduro, sigue observando cada movimiento de sus ciudadanos.
