La administración distrital de Bogotá parece prestar más atención a las manifestaciones que a bandas criminales como el Tren de Aragua, que sigue extorsionando a comerciantes, o a Los Costeños, que continúan con la venta de drogas y armas en el centro, así como al control que ejercen Los Paisas en María Paz. Así lo plantea un análisis que cuestiona el enfoque de las autoridades frente a la seguridad.
Un error recurrente: mezclar seguridad ciudadana, defensa nacional y convivencia
Según el análisis, uno de los errores más graves en materia de seguridad en el país es incluir todo en una sola bolsa. La seguridad ciudadana es distinta a la defensa nacional, y ambas son absolutamente diferentes a la convivencia ciudadana. Si bien están relacionadas y comparten la presencia de la fuerza pública, especialmente la Policía, las estrategias y miradas deben ser diferentes.
No es lo mismo atacar al Clan del Golfo, al ELN o a las disidencias de las FARC que desarticular una banda de delincuentes que roba celulares mediante el cosquilleo en TransMilenio. Y estos dos campos son completamente distintos a tratar comportamientos como el ruido, la basura, los excrementos de mascotas o el mal parqueo.
El riesgo de criminalizar la protesta social
Incluir todo en una misma bolsa lleva a que se llame criminal a cualquier persona. Hay una diferencia fundamental: una cosa es quien comete un delito como hurto, extorsión, violencia intrafamiliar, lesiones personales u homicidio, y otra muy distinta quienes tienen comportamientos que no llegan a ser delictivos pero que se han querido meter en esa misma matriz.
Preocupa profundamente cómo en Bogotá, donde según las mismas autoridades no hay presencia operativa de grupos armados, se ha intentado llevar la protesta social al campo de la seguridad. La protesta no es un problema de crimen, sino un asunto de derechos humanos. La gente se manifiesta cuando no tiene calidad de vida, y el debate se enmarca en derechos, siendo la protesta uno de ellos. Sin embargo, el límite de afectación a los derechos de los demás ciudadanos, como la movilidad o libre locomoción, lleva a una discusión profunda.
Firmeza selectiva: declaraciones contra protestas, poca acción contra el crimen
Es claro que quien cometa un delito en medio de una protesta, como lesionar a un servidor público, dañar bien ajeno o intentar un homicidio, debe responder ante las autoridades según el Código Penal. El verdadero problema es que en Bogotá hay constantes declaraciones de la administración mostrando contundencia frente a la protesta, pero poca firmeza, declaraciones y acciones frente a la crisis de seguridad que vive la capital.
Los homicidios, los descuartizados, los hurtos y el sicariato han aumentado. Hoy, 8 de cada 10 casos de sicariato ocurren en Bogotá, cuando antes esta tipología no superaba los 3 de cada 10. Mientras tanto, la administración parece enfocarse más en desbloquear vías que en combatir a bandas como el Tren de Aragua, Los Costeños o Los Paisas.
Al final, las declaraciones duras y firmes, así como las acciones, deberían estar también enfiladas a disminuir los delitos, y no solo a ver si pueden desbloquear una vía, porque ni siquiera logran desbloquearla a tiempo para que las personas lleguen a sus casas sin tener que caminar kilómetros.
