En los últimos años, el mundo ha conocido la crudeza de las prisiones salvadoreñas. Hace un año, mi esposa, Ruth López, desapareció en una de ellas. Ruth es abogada y dirigía la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización de derechos humanos. Investigó casos de corrupción, como el mal uso de fondos durante la pandemia y fraudes con el bitcoin como moneda legal en El Salvador. Su trabajo siempre fue público y legal.
Reconocimiento internacional y detención
Ruth es conocida en El Salvador y en círculos jurídicos globales. En 2023, BBC la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. Ese reconocimiento pensábamos que la protegía, pero quizás motivó su arresto en mayo de 2025, bajo acusaciones sin fundamento, sin oportunidad de defenderse.
En Estados Unidos, se conoce a Nayib Bukele, el presidente autoritario que colaboró con Donald Trump para encarcelar migrantes venezolanos en el CECOT. También se sabe de su ofensiva contra pandillas, que la mayoría de salvadoreños considera efectiva para la seguridad.
El costo de la ofensiva
Quiero que los estadounidenses entiendan el precio de esa estrategia y cómo el gobierno la usa para acallar la disidencia. Desde el régimen de excepción en 2022, Bukele ha detenido a unas 90,000 personas, casi el 2% de la población adulta. La mayoría no ha visto a sus familias ni ha tenido asistencia legal. Muchos llevan años en prisión sin juicio. Sus familias ignoran si siguen vivos.
Las redadas capturan tanto a culpables como a inocentes. Sin debido proceso y con tribunales complacientes, los inocentes tienen pocas esperanzas de un juicio justo. El gobierno procesa casos de forma masiva, juzgando a cientos a la vez. Muchas condenas son indefinidas. En abril, Bukele aprobó cadena perpetua para niños desde los 12 años.
Cristosal ha documentado 420 muertes en cárceles desde 2022, muchas por tortura o falta de alimentos, agua e higiene. Testimonios indican que los guardias se burlan de los reclusos, diciéndoles que saldrán en bolsas para cadáveres.
La desaparición de Ruth
En ese sistema desapareció mi esposa. El 18 de mayo de 2025, la policía llegó a nuestra casa. Ruth estaba en pijama. La obligaron a cambiarse en la calle mientras un fotógrafo documentaba su humillación. El gobierno la acusó de malversación de fondos como asesora del Tribunal Supremo Electoral, un delito imposible porque no manejaba fondos públicos para ese organismo.
Durante un día y medio, su madre y yo no supimos de ella. No la encontramos en centros de detención locales. Temimos que hubiera muerto o desaparecido en el sistema penitenciario de Bukele. El alivio al saber que estaba en una comisaría local fue enorme, pero breve. Dos semanas después, la acusaron de enriquecimiento ilícito y la trasladaron a la Granja Penitenciaria de Izalco. Allí sigue, mientras el gobierno dice buscar pruebas. En el año transcurrido, decenas de periodistas y defensores han huido del país por miedo a correr la misma suerte.
El miedo y el silencio
Ruth eligió este camino. Sabía el riesgo de hablar sobre corrupción. La injusticia la indignaba tanto que solo encontraba paz al no callar, aunque supiera que podría pagar un precio. He buscado palabras para describir mi sentir: tengo miedo. Miedo a una llamada, a una noticia, a un silencio prolongado. Es un miedo sin objeto concreto, y la incertidumbre a veces es peor que cualquier noticia. La mente, sin información pero intuyendo peligro, se inventa cosas.
Eso busca el gobierno: no solo castigar la disidencia, sino imponer silencio. No solo intimidar, sino instaurar el miedo. No solo encarcelar a una persona, sino advertir a todas. Las noches son lo más difícil. Cuando la casa queda en silencio, recuerdo nuestro momento: conversar sin prisa, hablar de todo. Ahora no hay palabras, solo silencio.
Louis Benavides es abogado salvadoreño. Su esposa, Ruth López, fue detenida en mayo de 2025.
