El Consejo de Estado, en segunda instancia, ratificó la nulidad de la adjudicación de un contrato cercano a los $70.000 millones para el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial de Medellín. El contrato fue suscrito en 2023 durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero. La Sección Tercera del alto tribunal concluyó que el Distrito rechazó de manera ilegal la propuesta que representaba la oferta más favorable para la ciudad.
Falsa motivación en el proceso de contratación
La decisión determinó que el proceso de contratación estuvo viciado por una falsa motivación. La administración descartó la propuesta presentada por el Consorcio Génesis bajo el argumento de que contenía un precio artificialmente bajo. Sin embargo, la sentencia estableció que esa conclusión se sustentó en errores técnicos.
Entre las inconsistencias identificadas por el Consejo de Estado se encuentran comparaciones metodológicamente incorrectas entre precios del asfalto, al utilizar diferentes unidades de medida sin aplicar los factores de conversión correspondientes, además de emplear referencias de obras rurales que no eran comparables.
Indemnización y responsabilidades
Como consecuencia del fallo, el Distrito de Medellín deberá indemnizar en un plazo máximo de seis meses al Consorcio Génesis con cerca de $2.496 millones. Esta suma corresponde a las utilidades que el consorcio dejó de percibir tras no haber recibido la adjudicación del contrato.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, afirmó: "La justicia confirmó que aquí hubo un direccionamiento que le costó a todos los medellinenses miles de millones y es una condena que debe pagar toda la ciudad por la corrupción de todo ese equipo de Daniel Quintero".
Responsabilidad de la exsecretaria Evelyn Beltrán
El tribunal también declaró responsable, a título de culpa grave, a la exsecretaria de Suministros y Servicios, Evelyn Beltrán. Ella deberá reintegrar al Distrito el 45 % del valor de la condena, equivalente a más de $1.100 millones, al considerar que fue la funcionaria que adoptó la decisión contractual que derivó en las irregularidades.
