Quito, 10 jun (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este miércoles el ingreso de maquinaria pesada y una amenaza de desalojo contra una comunidad ancestral kichwa situada en la provincia amazónica de Napo, en un conflicto territorial con la empresa Terraturismo.
Conflicto territorial en Napo
La organización indígena señaló que la situación afecta a un territorio ancestral ubicado en el municipio Carlos Julio Arosemena Tola y aseguró que el conflicto se ha agravado por las "presiones e intereses de la empresa Terraturismo S.A. sobre tierras comunitarias". Según la Conaie, las familias de la comunidad se movilizaron en "legítima defensa de su territorio" ante la amenaza de desalojo y el ingreso de maquinaria pesada.
Denuncias de Ecuarunari
Por su parte, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) aseguró en un comunicado que en la zona se desarrolló un "operativo policial de desalojo" contra la comunidad y sostuvo que la intervención vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas y pone en riesgo a familias enteras, incluidos niños, adolescentes y adultos mayores. La organización responsabilizó a la empresa Terraturismo, a la Policía Nacional y al Gobierno ecuatoriano por cualquier afectación física, psicológica o material que puedan sufrir las familias de la comunidad. Además, Ecuarunari advirtió de riesgos para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y otros grupos vulnerables que habitan en la zona.
Versión de Terraturismo
Por su parte, Terraturismo, que en enero anunció el inicio de un proyecto "agrícola sostenible" en dicho municipio, rechazó las denuncias de las organizaciones indígenas y aseguró que una de sus maquinarias fue atacada con explosivos mientras realizaba labores agrícolas en una propiedad privada. Según la empresa, el ataque dejó "más de 10 trabajadores heridos", dos de ellos "de gravedad". La compañía sostuvo además que "la violencia fue de ellos, las mentiras fueron de ellos" y defendió que trabaja "por la agricultura, el empleo y el desarrollo de Napo". Además, sostuvo que la Justicia ecuatoriana determinó "en última instancia" que dicho territorio es propiedad privada de la empresa, que esa decisión constituye una resolución "firme e inapelable" y que las personas que reclaman esa condición de "ancestralidad provienen de otro territorio".
