El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió este martes con los alcaldes y el gobernador de Norte de Santander para socializar su plan de recuperación del Catatumbo y la zona de frontera con Venezuela, una de las regiones más golpeadas por la confrontación armada en el país.
Ultimátum a grupos armados
Al finalizar el encuentro, el mandatario electo endureció el tono frente a los grupos armados que operan en la zona y lanzó un ultimátum a dos de sus jefes: alias Alfredo, del frente de Guerra Nororiental del Eln, y alias Andrey, del frente 33 de las disidencias de las Farc. Ambos fueron declarados objetivo militar de su gobierno, y les fijó un plazo de un mes para someterse a la justicia.
“Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfredo, del frente de Guerra Nororiental del Eln, y a alias Andrey, del frente 33 de las Farc, objetivo militar del Gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, advirtió De la Espriella ante los medios presentes.
Plan de recuperación para el Catatumbo
Durante la reunión, De la Espriella detalló las estrategias que implementará su administración para recuperar la seguridad y el desarrollo en el Catatumbo. La región ha sido históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y pobreza. El plan incluye inversión en infraestructura, educación y programas de sustitución de cultivos.
El gobernador de Norte de Santander y los alcaldes manifestaron su respaldo al plan y urgieron al gobierno entrante a actuar con firmeza contra los actores armados que aterrorizan a la población civil.
Reacciones y contexto
La declaración de objetivo militar se produce en un contexto de aumento de la violencia en la frontera colombo-venezolana. Según informes de la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc han generado desplazamientos masivos y homicidios en los últimos meses. Organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno priorizar la protección de la población civil.
Por su parte, analistas señalan que el ultimátum de De la Espriella busca enviar un mensaje de mano dura, pero advierten que su cumplimiento dependerá de la capacidad operativa de las fuerzas militares y de inteligencia.
