Al menos 25 estados de Estados Unidos han suscrito acuerdos de expulsión migratoria para deportar extranjeros, especialmente a África. El gobierno de Donald Trump aplica la estrategia del palo y la zanahoria: primero amenaza con aranceles o suspensión de visados y después ofrece incentivos económicos.
Casos emblemáticos de deportaciones a África
El camboyano Pheap Rom, de 43 años, terminó en una prisión de alta seguridad en Esuatini, la última monarquía absoluta de África, dirigida por el rey Mswati III. "No entendía por qué me expulsaban a África, si yo soy camboyano", declaró a la AFP. Algunos fueron expulsados a la República Democrática del Congo o a Uganda, y otros desaparecieron tras ser enviados a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra.
Estados Unidos recurre a suspensiones de visados para obligar a países africanos a aceptar a nacionales de terceros, según dos exfuncionarios del Departamento de Estado. Dos tercios de los 39 países afectados por suspensiones de visados estadounidenses se encuentran en África. Casi la mitad de los estados que han suscrito acuerdos para recibir deportados son africanos, según un informe de senadores demócratas.
Presión y chantaje económico
"A estos países se les presiona con amenazas de aranceles, suspensiones de visados o disminución de la ayuda", señalan los senadores. Estos migrantes caen "en un agujero negro jurídico", retenidos sin ser inculpados, en lugares desconocidos, a veces privados de derechos, denunciaron abogados. El Departamento de Estado respondió que "la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta".
Washington empleó la táctica del palo y la zanahoria, con millones de dólares de ayuda en acuerdos secretos. Esuatini se comprometió a recibir a 160 deportados a cambio de 5,1 millones de dólares, según los senadores. Ruanda habría aceptado hasta 250 personas a cambio de 7,5 millones de dólares, según Human Rights Watch.
Protección legal vulnerada
Numerosos migrantes embarcados en vuelos nocturnos hacia África gozaban de protección jurídica en virtud de la Convención contra la Tortura o de una suspensión de remoción. Khalid, un joven de 23 años que huyó de la tortura en África oriental, obtuvo protección judicial, pero en enero fue enviado a Guinea Ecuatorial, donde quedó bloqueado. "Las autoridades estadounidenses no saben si estamos vivos", lamentó.
Meredyth Yoon, abogada en EE.UU., dijo no conocer "a ningún abogado que haya advertido a sus clientes protegidos de que podrían ser expulsados a un tercer país". Según el gobierno de Trump, si las normas impiden devolver a migrantes a su país de origen, nada prohíbe expulsarlos a otro estado.
Desapariciones y condiciones inhumanas
El cubano Roberto Mosquera, residente en Florida desde niño, perdió su tarjeta de residente tras cumplir condenas. Detenido en un control de rutina, estuvo desaparecido semanas hasta que una amiga lo reconoció en una foto: había sido enviado a Esuatini y recluido en la prisión de Matsapha, donde perdió peso y cabello. Pheap Rom pasó semanas allí, con una única salida diaria de 15 minutos y una llamada telefónica semanal.
En Ghana, los deportados fueron detenidos en secreto en un campo militar. En la RDC y Camerún, la OIM presiona para que firmen un programa de retorno "voluntario". Gabriela, colombiana de 30 años, declaró: "Yo no quería venir al Congo, tengo miedo, no conozco el idioma".
Consecuencias para países que se niegan
Burkina Faso, gobernado por una junta militar, se negó a aceptar condiciones. "Burkina Faso es una tierra de dignidad, no una tierra de deportación", dijo el canciller Karamoko Jean Marie Traoré. Poco después, a sus nacionales se les prohibió la entrada en EE.UU. Nigeria también rechazó propuestas para recibir venezolanos y sufrió restricciones de visados.
Ghana aceptó recibir deportados y Washington levantó restricciones de visados y suprimió aranceles del 15% sobre cacao. Pero Guinea Ecuatorial sigue sancionada pese al acuerdo firmado.
El agujero negro jurídico
Nueve de los 25 estados que han firmado acuerdos están en África, según senadores demócratas. El 40% de los acuerdos confirmados o presuntos son con países africanos. A menudo, los abogados ni siquiera saben dónde están detenidos sus clientes. Pheap Rom fue enviado a Esuatini en lugar de a Camboya, y el DHS primero dijo que iba a Tailandia, luego admitió que estaba en Matsapha, un "agujero negro jurídico" donde los detenidos pueden permanecer retenidos de forma ilimitada sin acceso a abogados.
Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño, estuvo a punto de ser expulsado a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia tras ser enviado "por error" a El Salvador. Incluso con tarjeta de residencia, Benjamin, nigeriano de unos cuarenta años, fue enviado a Ghana tras cumplir condena, atrapado en un campo militar. "He cumplido mi condena, asumo mis responsabilidades, pero la administración de Trump violó el fallo judicial", dijo a la AFP.
