JEP deja en firme sentencias por secuestros de Farc y falsos positivos
JEP confirma sentencias por secuestros y falsos positivos (07.07.2026)

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme las dos primeras sentencias restaurativas del tribunal transicional. Tras 10 meses de revisión y más de 30 recursos resueltos, los magistrados confirmaron los fallos de primera instancia que sancionan a siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros, y a 12 exmilitares del Batallón La Popa, en Cesar, por 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Detalles de las sentencias

La primera sentencia, contra el antiguo Secretariado de las Farc, impone sanciones por los secuestros masivos cometidos durante el conflicto armado. Según la JEP, los siete excomandantes son responsables de más de 21.000 casos de privación ilegal de la libertad, que incluyeron condiciones inhumanas y extorsión. La segunda sentencia, contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, los declara culpables de 135 ejecuciones extrajudiciales, presentadas como bajas en combate para obtener beneficios.

Proceso de apelación

La Sección de Apelación, durante 10 meses, analizó más de 30 recursos presentados por los sancionados y otras partes. Los magistrados ratificaron las decisiones de primera instancia, que ya habían sido consideradas hitos en la justicia transicional colombiana. La firma de los fallos, ocurrida hace siete días, pone fin al proceso judicial para estos casos, aunque las sanciones restaurativas incluyen trabajos comunitarios y restricciones de libertad.

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Impacto en la justicia transicional

Estas sentencias representan un avance significativo en la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado colombiano. La JEP, creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, busca equilibrar justicia y reparación para las víctimas. Con estas decisiones, se envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de actores armados y agentes del Estado en crímenes de lesa humanidad.

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