Al menos 310 periodistas nicaragüenses viven exiliados, la mayoría desde las protestas de 2018 que fueron reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) denunció que estos periodistas enfrentan amenazas vinculadas a la represión en su país, así como obstáculos legales para ejercer su labor.
Nuevas formas de represión dentro y fuera de Nicaragua
Según el informe de monitoreo de FLED correspondiente al segundo trimestre de 2025, el exilio ya no es un refugio seguro. La organización recibió reportes de interrogatorios a familiares de periodistas exiliados bajo sospecha de enviar información a medios extranjeros. Además, varios periodistas exiliados en Costa Rica fueron alertados por autoridades locales sobre riesgos graves contra su vida e integridad.
En junio de 2025, el exmilitar nicaragüense Roberto Samcam fue asesinado por sicarios en San José. FLED también reportó casos de vigilancia en Costa Rica que obligaron a una periodista a salir de emergencia del país.
Deportaciones y trabas administrativas
Entre abril y junio de 2025, dos periodistas nicaragüenses fueron deportados por Estados Unidos a Costa Rica, lo que los dejó en mayor indefensión. FLED denunció que el gobierno de Ortega impone trabas a familiares que gestionan la convalidación de títulos académicos y la autentificación de documentos para los exiliados.
Confiscaciones de propiedades como estrategia de represión
El régimen de Ortega y Murillo ha intensificado las confiscaciones de propiedades a opositores y exiliados. Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, desde 2018 y con mayor intensidad a partir de 2023, las autoridades han arrebatado viviendas, vehículos, terrenos, cuentas bancarias, empresas y pensiones. Esto responde a una estrategia sistemática de represión transnacional para eliminar la oposición y garantizar la impunidad.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, citado por El País, demostró que a partir de 2023 varios inmuebles confiscados pasaron a instituciones públicas como el INSS y el Inatec. Edificios de medios como Confidencial y 100% Noticias quedaron en manos del Ministerio de Salud, mientras que las instalaciones de La Prensa se convirtieron en un centro cultural estatal. Más recientemente, el régimen ha optado por vender o alquilar los bienes en el mercado inmobiliario o cedérselos a sus simpatizantes.
FLED urgió al gobierno costarricense a adoptar medidas específicas y efectivas de protección para los periodistas exiliados.
