Tras cuatro años de litigio, la Comisión Arbitral rechazó la demanda de la concesionaria Nuevo Pudahuel, controlada por Vinci Airports y Aéroports de Paris (Groupe ADP), que buscaba una indemnización cercana a US$50 millones más IVA por los sobrecostos asociados a la construcción del nuevo terminal internacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez durante la pandemia.
Los argumentos de Nuevo Pudahuel
La demanda, ingresada en abril de 2022, alegaba que el Estado obligó a mantener la ejecución de las obras del aeropuerto —considerado un proyecto estratégico— pese a las cuarentenas y restricciones de movilidad vigentes entre 2020 y 2021. La concesionaria sostuvo que ello implicó implementar medidas extraordinarias como el aumento de buses de transporte, ampliación de vestidores, sanitización permanente, contratación de personal adicional, compra masiva de elementos de protección personal y reorganización de turnos, lo que alteró el equilibrio económico del contrato.
Además, Nuevo Pudahuel argumentó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se negó a compensar esos costos, pese a haber reconocido una extensión del plazo de construcción producto de la emergencia sanitaria. Según su defensa, la pandemia constituyó un hecho sobreviniente que hizo significativamente más oneroso el cumplimiento del contrato.
La defensa del MOP y el fallo
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del MOP, solicitó el rechazo íntegro de la demanda. La defensa sostuvo que el contrato de concesión distribuye expresamente el riesgo constructivo en favor del concesionario, y que el artículo 22 de la Ley de Concesiones establece que la empresa debe asumir los mayores costos de construcción, incluso cuando provengan de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Asimismo, argumentó que modificar esa distribución implicaría alterar las condiciones bajo las cuales se adjudicó la licitación pública.
El ministerio también afirmó que fue la propia concesionaria la que decidió continuar con las obras, y que el Estado colaboró gestionando permisos y otorgando una ampliación del plazo de ejecución. La Comisión Arbitral acogió estos argumentos y rechazó la demanda a fines de mayo de 2026.
La diferencia entre los dos arbitrajes
Este fallo contrasta con el arbitraje por la operación del aeropuerto, donde Nuevo Pudahuel obtuvo un fallo favorable al alegar un desequilibrio contractual derivado de la caída del tráfico de pasajeros durante la pandemia. Según Marcos Rosas, socio de Puyol & Rosas y exjefe de Litigios de Concesiones del MOP, “la decisión es correcta porque refleja la distribución de riesgos establecida en el contrato de concesión”. Explicó que los contratos de concesión comprenden dos negocios distintos —construcción y operación—, cada uno con una lógica económica y una asignación de riesgos propia, lo que justifica resultados distintos.
El tercer proceso: un acuerdo
En paralelo, existió un tercer proceso entre el MOP y Nuevo Pudahuel, también originado por la pandemia, que culminó en un acuerdo en febrero de 2026. En este caso, las partes —tras pasar por el Panel Técnico de Concesiones, la Comisión Arbitral y la Corte de Apelaciones— formaron una mesa de trabajo y sellaron la extensión del contrato por 36 meses, hasta fines de 2038, con obligaciones adicionales para la concesionaria.
El acuerdo también modificó la distribución de los ingresos comerciales: el porcentaje que la empresa entrega al Estado bajó de 77,56% a 73%, por lo que Nuevo Pudahuel pasará de quedarse con 22,44% a 27% de los ingresos. Además, se acordó el cese de las disputas abiertas, incluida una causa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
