La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá cuestionó la auditoría integral ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud y aseguró que la medida se produjo después de que el Distrito solicitara apoyo para el pago de las deudas de las EPS intervenidas con la red hospitalaria.
El secretario de Salud, Gerson Bermont, sostuvo que existe un deterioro en la coordinación institucional y anunció que pidió el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación.
Las diferencias no son recientes
El pronunciamiento se produjo luego de que Bermont publicara un mensaje en el que relacionó la nueva actuación de la Superintendencia con las solicitudes que la administración distrital ha realizado para proteger la sostenibilidad financiera de hospitales y clínicas de la capital. Según explicó, las diferencias entre ambas entidades no son recientes y se han presentado desde el inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
En ese contexto, el funcionario aseguró que el Distrito ha insistido en mantener la coordinación con el Gobierno Nacional para garantizar la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, afirmó que las decisiones adoptadas por el ente de control han seguido una dirección distinta.
“A lo largo de este Gobierno hemos insistido en garantizar el derecho a la salud de nuestra gente y el principio de coordinación, pero han primado los intereses políticos, tal parece”, manifestó.
Deuda de $417.000 millones en aumento
Uno de los principales argumentos expuestos por el secretario está relacionado con la situación financiera de las EPS intervenidas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, estas entidades mantienen actualmente obligaciones por $417.000 millones con la red hospitalaria pública y privada de Bogotá, una cifra que, según Bermont, continúa aumentando mientras no se adoptan medidas para exigir el pago de esas obligaciones.
El funcionario indicó que esa situación motivó el envío de cinco comunicaciones dirigidas a los superintendentes de Salud que han estado al frente de la entidad durante el actual Gobierno. En esas cartas, explicó, el Distrito solicitó acciones para proteger la red pública y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de las EPS bajo intervención estatal.
No obstante, Bermont aseguró que esas solicitudes no obtuvieron respuestas operativas y que, por el contrario, derivaron en nuevos procesos de auditoría sobre la Secretaría Distrital de Salud.
“Cinco cartas enviadas a los cinco superintendentes del actual Gobierno, pidiendo que se cumpla con la ley en la protección de la red pública, no solo han sido ignoradas, sino que han merecido su respectiva auditoría. La protección de la red pública es solo discurso y persecución. Hoy las EPS intervenidas le adeudan $417.000 millones y aumentando”, afirmó.
Antecedentes de intervención y déficit
El secretario también recordó el caso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Según explicó, al comienzo de la actual administración distrital se presentó un plan de salvamento para fortalecer las subredes hospitalarias de la ciudad, pero posteriormente la Superintendencia intervino esa entidad asistencial. Bermont sostuvo que la red fue devuelta al Distrito con un déficit acumulado de $300.000 millones.
Las diferencias entre ambas entidades también se extendieron, según la versión del Distrito, a los operativos de inspección realizados en establecimientos de estética de Bogotá. Bermont señaló que esos procedimientos habían sido coordinados entre ambas instituciones, pero aseguró que la Superintendencia adoptó decisiones administrativas de manera independiente y sin la participación de los equipos técnicos de la Secretaría.
“Coordinamos con la Superintendencia operativos conjuntos a establecimientos de estética de la ciudad y tomaron medidas unilateralmente sin tenernos en cuenta y, de ñapa, nos ganamos otra auditoría por parte de ellos”, expresó el secretario en su pronunciamiento.
Solicitud de acompañamiento de la Procuraduría
Frente a ese escenario, la Secretaría Distrital de Salud solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación para hacer seguimiento a las actuaciones de control que adelanta la Superintendencia. Bermont afirmó que el Distrito reconoce las competencias legales del organismo de vigilancia, pero aseguró que la administración perdió la confianza en la imparcialidad de esos procesos.
“Somos respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos, pero la total desconfianza en su imparcialidad nos obliga a pedir la protección preventiva de la Procuraduría General de la Nación”, concluyó el funcionario.
