Durante 31 años, Sandra Ubaté buscó respuestas sobre lo ocurrido con su hermano, Jhon Ricardo Ubaté. Aún desconoce el paradero de sus restos y los de Gloria Mireya Bogotá, la joven que lo acompañaba cuando ambos fueron vistos por última vez en 1995. Sin embargo, después de tres décadas de lucha, obtuvo una respuesta que Colombia se resistió a reconocer durante años: el Estado fue responsable de la desaparición forzada de los jóvenes.
En un acto público de reconocimiento de responsabilidad frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en representación del gobierno de Gustavo Petro, confirmó que “a veces la voz de un inocente tiene que hablar por la voz de los culpables”.
Los hechos de 1995
Jhon Ubaté y Gloria Bogotá eran bogotanos. Ambos hacían parte del Ejército Popular de Liberación (Epl) y, en 1991, llegaron a Cali (Valle del Cauca) tras desmovilizarse, como resultado de los diálogos de paz adelantados ese mismo año por el gobierno de César Gaviria. Allí, Jhon Ubaté integró el Comité de Derechos Humanos del barrio Siloé, en la comuna 20 de la ciudad, mientras que Gloria Bogotá lideró actividades de integración y participó en la organización de talleres de dibujo, teatro y otras iniciativas sociales.
Sus desapariciones ocurrieron el 19 de mayo de 1995, luego de cuatro años de relativa tranquilidad en la capital vallecaucana. Los hechos sucedieron frente a la Clínica Tequendama, cuando agentes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase), vestidos de civil, los detuvieron. Al menos 40 testigos vieron cómo fueron golpeados y obligados a subir a un vehículo. Desde ese momento, sus familias no volvieron a saber de ellos. No hubo llamadas, mensajes ni rastros.
El silencio fue aún más profundo en el caso de Gloria Bogotá. Según explicó Alejandra Escobar, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), durante años las instituciones incluso negaron su existencia. “Inicialmente las autoridades se negaron a recibir la denuncia. Incluso, llegaron a decir que era un fantasma o una invención de Sandra”, relató la abogada.
El camino internacional
Dos meses después de los hechos, el caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, no fue sino hasta el 29 de enero de 2015 cuando la instancia internacional aprobó el informe de admisibilidad. El 28 de junio de 2021, la Comisión emitió su informe de fondo, en el que concluyó lo que Sandra Ubaté había sostenido durante años: que Jhon Ubaté y Gloria Bogotá fueron víctimas de desaparición forzada por el Estado.
La CIDH explicó que Colombia es responsable por la vulneración de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales, a la circulación y residencia, y a la protección judicial de las víctimas. La Comisión también emitió una serie de recomendaciones, entre ellas continuar con las investigaciones del caso y reforzar la búsqueda de las víctimas. Sin embargo, un año después, la CIDH no encontró avances significativos en el cumplimiento de esas medidas. Por ello, el 21 de octubre de 2022, el caso fue remitido a la Corte IDH.
En la recta final del proceso, el 30 de enero de 2024, el Estado reconoció su responsabilidad y se comprometió a realizar un acto de reconocimiento como medida de reparación para las familias de las víctimas. “Hoy, en nombre del Estado colombiano, les pido perdón por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá”, dijo el ministro Sánchez.
Asimismo, señaló: “Les pido perdón por el sufrimiento causado a sus familias y por los años de falta de esclarecimiento pleno de lo ocurrido, así como por la ausencia de una respuesta oportuna, efectiva e integral frente a sus derechos”.
La lucha continúa
Por su parte, Sandra Ubaté dijo a El Espectador que este reconocimiento no es suficiente: “Este es solo el cumplimiento de uno de los puntos de la sentencia. Nada estará completo hasta el día en que Gloria y mi hermano Jhon estén con nosotros, como sea, pero que vuelvan. Hasta ese día, y hasta que los responsables cumplan sus condenas como corresponde, nuestro pacto con el Estado no estará sellado”.
