La Contraloría General de la República anunció este lunes 6 de julio que se sumará al proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella. El ente de control accedió a la petición del vicepresidente electo José Manuel Restrepo de participar en el proceso para garantizar la transparencia en la entrega de información.
Rol de la Contraloría en el empalme
En un comunicado, la Contraloría señaló que “en desarrollo de esta labor, la entidad coordinará la recepción de las comisiones de trabajo que se conformen y suministrará, en el marco de sus competencias, la información requerida para el adecuado desarrollo del proceso”. Según el ente de control, “este acompañamiento contribuye a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado”, objetivos que “guardan plena armonía con los principios que orientan la función pública y el ejercicio del control fiscal”.
Autonomía e independencia
A pesar de que la solicitud provino del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, la Contraloría aclaró que su participación en el empalme “se desarrollará con estricto respeto por la autonomía e independencia institucional”. Su rol será mantener la “colaboración armónica entre los órganos del Estado, contribuyendo al adecuado desarrollo de una transición ordenada, trasparente y respetuosa del marco constitucional y legal”.
Antecedentes del proceso
Aunque hasta ahora no había participado oficialmente, desde el pasado 3 de junio la Contraloría, junto con la Procuraduría, emitió una directiva conjunta en la que pidieron al gobierno de Gustavo Petro entregar la información que debe incluir “la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”.
En ese documento, los entes de control resaltaron que “los integrantes del gobierno saliente deben: identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno”. La finalidad, recordaron, es “permitir a la administración entrante conocer el alcance de las obligaciones institucionales en curso, las entidades comprometidas y las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública”.
