Destituyen e inhabilitan por 18 años a patrullero por abuso sexual en Caldas
Destituyen a patrullero por 18 años por abuso sexual

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero Deivis Maggiver Gaitán Campúzano, tras hallarlo responsable de abuso sexual contra una auxiliar de la Policía. Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2024 en la estación de Policía de Marquetalia, Caldas, donde Gaitán Campúzano habría accedido carnalmente a su compañera, según el fallo de primera instancia.

Detalles de la investigación disciplinaria

La investigación se sustentó en testimonios, declaraciones, audios y mensajes de texto recopilados durante el proceso. La Procuraduría calificó la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, señalando que vulneró la dignidad, el honor y la integridad física y psicológica de la víctima.

Sanción y fundamentos del fallo

La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 4, encargada del fallo, indicó que el patrullero “despojó por completo a su conducta de la ética exigible a un funcionario policial, desnaturalizando los fines de la institución y defraudando la confianza depositada en él por el Estado y la sociedad”. La sanción incluye la destitución del cargo y la inhabilitación por 18 años para ejercer funciones públicas.

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Caso paralelo en Boyacá

En otro caso, la Procuraduría impuso una sanción de 10 años contra el subintendente Yimy Rodríguez Bolívar, adscrito a la Estación de Policía de Arcabuco, Boyacá, por conducta indebida de naturaleza sexual contra una menor de 15 años. El uniformado, quien se desempeñaba como gestor de Participación Ciudadana, realizó tocamientos sexuales a la menor mientras ella realizaba actividades de servicio social en las instalaciones policiales.

Confirmación de la sanción

La conducta fue calificada como falta gravísima a título de dolo, confirmando la sanción impuesta en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento 1 del Departamento de Policía de Boyacá. La Procuraduría, al resolver la apelación de la defensa, descartó irregularidades y rechazó argumentos sobre falta de pruebas o vulneración del debido proceso.

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