La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a Orlando Ariza Ariza, exdirector regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Santander, con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos durante 13 años. La decisión se produjo luego de que un proceso disciplinario concluyera que presentó un incremento patrimonial injustificado.
Incremento patrimonial no justificado
La investigación del Ministerio Público estableció que entre 2020 y 2021, el entonces funcionario registró un aumento en su patrimonio por más de 744 millones de pesos colombianos. La procedencia de estos recursos no quedó plenamente demostrada durante el proceso disciplinario.
Defensa insuficiente
En el fallo disciplinario, la Procuraduría señaló que la defensa del exdirector aportó documentos y declaraciones para explicar el origen de los recursos. Sin embargo, el material probatorio fue considerado insuficiente para aclarar las diferencias patrimoniales detectadas por el organismo de control.
Falta gravísima con dolo
Tras valorar las pruebas recopiladas, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Santander determinó que la conducta constituye una falta gravísima cometida con dolo. Se consideró que el exservidor incumplió el deber de acreditar de manera transparente el origen de los bienes y recursos que hicieron parte de su patrimonio.
Principio de transparencia
El ente de control recordó que quienes ejercen funciones públicas están obligados a demostrar el origen lícito de sus bienes y rentas, un principio que busca fortalecer la transparencia en la administración pública y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Recursos pendientes
La sanción impuesta corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que aún podrá ser objeto de los recursos contemplados en el procedimiento disciplinario antes de que la decisión quede ejecutoriada.
