La Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes, cuyo valor ascendía a 559.000 millones de pesos.
Detalles de la investigación
De acuerdo con la investigación, Salazar Ramírez estaría involucrado en la expedición de tres resoluciones suscritas en febrero de 2024. Estas resoluciones revocaron las decisiones mediante las cuales el entonces canciller Álvaro Leyva había declarado desierta la licitación de 2023. Con esas actuaciones se restableció el proceso licitatorio, se dio por terminada la urgencia manifiesta que había suspendido el trámite y se permitió la adjudicación del contrato al único proponente.
La Fiscalía sostiene que el exsecretario general habría excedido las funciones propias de su cargo, al asumir decisiones para las cuales no tenía competencia. Según el ente acusador, sus responsabilidades eran de carácter administrativo y de coordinación institucional, por lo que no contaba con autonomía para reabrir ni adjudicar un proceso contractual que ya había sido cerrado.
Incremento patrimonial injustificado
La investigación también incluye un presunto incremento patrimonial injustificado durante el tiempo en que Salazar Ramírez ocupó el cargo entre agosto de 2022 y febrero de 2024. El fiscal del caso aseguró: “Durante el período en que el señor José Antonio Salazar se desempeñó como servidor público, obtuvo para sí un incremento patrimonial relevante, representado principalmente en la adquisición y circulación jurídica de bienes inmuebles rurales, ubicados en el municipio de Puerto López, departamento del Meta. El 10 de octubre de 2023, en Bogotá, mediante escritura pública, el imputado adquirió 3 predios rurales por un valor de 950 millones de pesos”.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, la compra de esos inmuebles no tendría una justificación financiera verificable, pues no se evidencian transferencias, créditos o soportes bancarios y patrimoniales que respalden la operación.
